El Juzgado Undécimo de Instancia Penal rechazó las solicitudes de tres sospechosos en el caso Seguridad y Transporte, quienes buscaban que les fueran cambiados los delitos por los cuales enfrentan a la justicia.
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El juez José Eduardo Cojulum resolvió que Marvin Giovanny Aldana Azurdia, Roselia Díaz Ortiz y Ósmar Cruz Bustamante deben seguir siendo investigados por asociación ilícita, lavado de dinero y falsedad ideológica.
Los defensores de los procesados habían pedido que los cargos fueran modificados por perjurio y financiamiento electoral ilícito.
El juzgador determinó que la fase de investigación todavía no ha finalizado, por lo cual no se puede considerar que hayan variado las razones por las cuales se les ligó a proceso por los primeros delitos.
La intención de los señalados era que les fueran modificados los cargos para optar a la libertad.
Queda pendiente que se resuelva si se les cambian las medidas de coerción que mantienen, las cuales consisten en prisión preventiva.
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El caso
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalan que el caso deriva de la investigación por la aprobación de un préstamo para la adquisición del sistema prepago de transporte público en la capital, Transurbano.
En esta fase se detectó que por medio de varias empresas se trasladaron recursos a la campaña electoral que en 2015 realizó el extinto partido político Libertad Democrática Renovada (Líder).
Posteriormente se hizo pública la tercera fase de la investigación, en la que se detalla que se habrían trasladado recursos de manera directa a la campaña de Manuel Baldizón, máximo dirigente de la referida agrupación política.
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