Una comisión integrada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y diferentes instancias para abordar la conflictividad electoral elaboró un mapa sobre este este tema, el cual coloca a 65 municipios de Guatemala en niveles de “muy alto” o “alto” riesgo.
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María Eugenia Mijangos, magistrada del órgano electoral, dio a conocer que en julio de 2018 surgió la iniciativa para la conformación de esa comisión y ahora ya está en funciones.
Está integrada por Ministerio Público, el Centro de Cooperación, Naciones Unidas, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) y todos los jefes y directores del TSE.
Las declaraciones de la magistrada se dieron este lunes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, en donde además se refirió a la necesidad de que exista una “campaña de altura” en los comicios y que esta se base en propuestas y no en descalificaciones.
La referida instancia realizó en enero el mapa de conflictividad, ello como parte del plan de prevención y mitigación de conflictividad electoral. Este coloca al 8%, 28 municipios, en “muy alto o riesgo crítico”; y al 11% de los municipios, es decir 37, en nivel de “alto riesgo”.
El 16%, 53 municipios, están catalogados como en “mediano o temprano riesgo”; el 38%, 138 municipios, en nivel “bajo o latente”; y el 27%, 91 municipios, se consideran “sin riesgos relevantes por el momento”.
Para alcanzar estos datos, se tomó en cuenta los antecedentes de conflictividad electoral de las distintas áreas, el historial violencia asociada al narcotráfico, los antecedentes de conflictos y poblaciones beligerantes y la criminalidad y violencia común.
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De igual forma, los conflictos por temas como agua, energía, hidroeléctricas, también si las poblaciones tienen conflictos históricos por límites territoriales, pues eso termina reflejándose muchas veces en un elección, consideró la magistrada.
Mijangos resaltó que no se dan a conocer específicamente los nombres de los municipios porque podría tener ciertos efectos, ya que se les estaría calificando como “conflictivos”; sin embargo, el catalogarlos es solamente para aplicar acciones preventivas.
En el programa también participó como invitada la presidenta de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), Raquel Zelaya, quien consideró que es mucho más tensa la situación a nivel local, pues se ven más marcadas las relaciones entre grupos políticos.
Además, en su opinión, no se puede negar el tema del narcotráfico, pues para este y el crimen organizado es vital el poder en alcaldías, ya que necesitan la “protección” de autoridades y la misma población para el trasiego, funcionamiento de pistas aéreas anónimas, entre otros puntos.
La experta se refirió también a otros puntos que podrían incidir en el tema electoral, y no solo a nivel local, sino a nivel general. Entre estos resaltó el de la polarización.
“Se trata de una situación con fondo ideológico, que no se expresa con ideología, sino con una actitud de o estás conmigo o contra mí”, resaltó.
Aunado a ello, refirió que en este proceso electoral se tendrá la implementación de áreas que surgieron por las reformas a la Ley Electoral, y el TSE cargará con tres aspectos cruciales: manejo de medios, financiamiento, voto en el extranjero.
Por ello, consideró necesario que las organizaciones le brinden acompañamiento al tribunal.
Dispuestos a suscribir pacto
Mijangos dio a conocer que la comisión de conflictividad trabajó en la elaboración del “Acuerdo para un proceso electoral transparente, ético y en paz”, que será suscrito entre las diferentes organizaciones políticas el próximo 11 de marzo.
Según indicó, se trata de un pacto de no agresión política, que incluye especificaciones sobre no utilizar redes sociales y las nuevas tecnologías para difundir noticias falsas o campañas de desprestigio y desinformación entre partidos.
Asimismo, que no se den discursos de odio contra mujeres, personas con discapacidad, diversidad de género y pueblos indígenas.
Según explicó, de parte de algunas organizaciones políticas se ha expresado que querían que se firmara este acuerdo, lo cual calificó como “un buen signo”.
Está previsto en el pacto que haya testigos de honor, que estarán para la firma, y observadores, que tendrían el papel de ver el cumplimiento, alertar al TSE y ver qué mecanismo se podría utilizar para darle seguimiento a los distintos casos.
Con relación a este punto, Zelaya señaló que aunque la iniciativa es positiva, se debe tomar en cuenta la experiencia en el país, así que consideró necesario que se apliquen sanciones que en realidad impacten para los partidos políticos que no respeten los lineamientos.
Podrían ser los magistrados suplentes del TSE que se hicieran cargo de verificar el tema, emitir informes periódicos, evaluar la experiencia. Además, hace falta una ciudadanía informada.
“Dado de la poca cultura democrática que se tiene en Guatemala, la sanción pública ayudaría al cumplimiento”, dijo.
En ese sentido, Zelaya consideró que deben ser sanciones importantes que se analicen y sean graduadas, una podría ser cortar un día de la campaña electoral.
Ello porque en su opinión, pagar dinero o regañarlo en público se diluye, pero suspender espacio en los medios podría ser algo que pese a las agrupaciones.
“Son situaciones que les pueda doler, sin que sea un tema económico. Si el arma que tiene el TSE es el manejo de medios, yo le quitaría tiempo, incluso le daría más al que se esté portando bien”, refirió.
TSE no tan “supremo”
En otro tema, la magistrada Mijangos fue consultada sobre el tema de inscripción de diputados tránsfugas para una reelección, pero aseguró no poder pronunciarse porque estaría emitiendo opinión.
También sobre el punto de la participación de contratistas del Estado como candidatos, y se limitó a indicar que está planteado que quienes hayan sido contratistas en los últimos cuatro años no pueden ser candidatos, pero es el Registro de Ciudadanos el que analiza los casos.
La entrevistada resaltó que el Registro es independiente y que, si se detectan posibles irregularidades en la inscripción de personas para participar en los comicios, esta debe ser impugnada para que llegue al conocimiento del pleno del TSE.
Por aparte, expuso que el TSE no es tan “supremo” en este país, mientras que en otras naciones, lo que diga el órgano electoral así se cumple, pero en Guatemala hay dos instancias más que pueden conocer los diferentes casos.
Ello considerando que, por ejemplo, en en las elecciones de 2015, en base a un listado que les trasladó la Contraloría, no le adjudicaron a varios alcaldes el cargo, sino al síndico primero, por ser contratistas, pero estas personas accionaron ante la Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, y esta última anuló lo actuado por el TSE y ellos pudieron ser alcaldes.
Finalmente, Mijangos hizo un llamado a la ciudadanía a asistir a votar y darse cuenta de que las elecciones generales son el proceso medular de cualquier democracia.
“Es necesario que asistamos a las urnas porque de esa forma se va perfeccionando nuestro sistema electoral”, concluyó
