Huelga en Cataluña en rechazo a juicio contra líderes independentistas

Según el servicio de tráfico de Cataluña, una veintena de carreteras fueron bloqueadas por manifestantes, en rechazo al juicio en Madrid contra líderes independentistas catalanes.

Entre las rutas cortadas estaba la autopista A7, que enlaza con Francia, y la A2, que une Barcelona y Madrid, así como los dos principales accesos a la urbe catalana.

Además, las empresas gestoras de la red ferroviaria informaron que se interrumpieron temporalmente dos líneas, debido a la ocupación de las vías por parte de huelguistas.

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La policía regional intervino en varios puntos para desalojar las vías cortadas y detuvo a un manifestante por intentar agredir a un agente.

Pero, más allá de estas incidencias en la movilidad, la huelga no tenía gran afectación en Barcelona, donde la gran mayoría de comercios del centro estaban abiertos.

Huelga de "carácter político"

La huelga fue convocada por el pequeño sindicato independentista Intersindical CSC, bajo el lema "sin derechos, no hay libertad".

La protesta, sin embargo, fue secundada por los sindicatos mayoritarios y fue criticada por la patronal, que la considera una huelga política.

Cuenta, no obstante, con el respaldo de los partidos y asociaciones independentistas.

Estos iniciaron la semana anterior un ciclo de movilizaciones en solidaridad con sus líderes juzgados y contra el sistema judicial español, al que acusan de no ser neutral en este proceso.

El sábado, alrededor de 200 mil personas marcharon por el centro de Barcelona tras la pancarta "La autodeterminación no es delito", sostenida, entre otros, por el presidente regional, Quim Torra.

Su ejecutivo se solidarizó con los huelguistas y anuló todos los actos oficiales previstos para el jueves, aunque no decretó el cierre de la administración regional.

Desde el pasado 12 de febrero, el Tribunal Supremo de Madrid juzga a 12 dirigentes independentistas por la organización, el 1 de octubre de 2017, de un referéndum ilegal de autodeterminación y la posterior y fallida declaración de independencia.

La fiscalía los acusa de delitos como rebelión y malversación y reclama para ellos penas de entre 7 y 25 años de cárcel en el caso del principal acusado, el ex vicepresidente regional Oriol Junqueras, en prisión preventiva desde noviembre de 2017.

*Con información de AFP