La Justicia de Argentina ordenó este lunes la detención del exvicepresidente Amado Boudou, que había sido excarcelado en diciembre pasado y cumplía su condena de cinco años y diez meses de prisión por sobornos en libertad bajo fianza.
El 7 de agosto del año pasado, Boudou fue hallado culpable por "cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública", por intentar adueñarse, a través de un testaferro, de la empresa privada Ciccone, dedicada a fabricar papel moneda y documentos públicos.
El 11 de diciembre, fue excarcelado bajo fianza de un millón de pesos (unos 25 mil 150 dólares).
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Se le ordenó, además, llevar una pulsera para monitoreo y tenía prohibida la salida del país y debía presentarse presentarse quincenalmente ante la justicia.
Este lunes, no obstante, a raíz de un recurso interpuesto por autoridades anticorrupción del gobierno, la Cámara Federal de Casación ordenó ahora "la inmediata detención", de acuerdo con la resolución publicada por el Centro de Información Judicial (CIJ).
La Cámara estimó que "estaban acreditados los riesgos procesales que sustentan la prisión preventiva de Boudou".
Boudou fue ministro de Economía y luego ejerció la vicepresidencia entre 2011 y 2015, durante el segundo mandato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.
Aplazan juicio contra Fernández
El juicio por corrupción en obra pública contra la expresidenta Fernández de Kirchner fue aplazado este lunes hasta el 21 de mayo.
El juicio oral y público, cuyo inicio estaba previsto originalmente para el 26 de febrero, se postergó debido al estado de salud de uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal.
El juez Jorge Tassara será operado en los próximos días, según indicaron fuentes judiciales.
Los jueces habían rechazado previamente un pedido de la defensa de postergar la primera audiencia del juicio a raíz de que falta aún un peritaje de la Corte Suprema sobre las cuestionadas obras públicas de infraestructura que representan el eje de la acusación.
En la causa, Kirchner está acusada de favorecer al empresario Lázaro Baez con el otorgamiento de 52 obras públicas por 46 mil millones de pesos en Santa Cruz (Patagonia), provincia del sur de Argentina que fue el trampolín de la exmandataria a la política nacional.
*Con información de AFP