La Corte Suprema de Justicia (CSJ) elevó a mayor riesgo tres procesos penales, a petición del Ministerio Público (MP). Estos pertenecen a un mismo número de causa.
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Se trata de los casos Aceros de Guatemala, Traficantes de Influencias y el de supuesto financiamiento electoral ilícito del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) buscaba que los procesos fueran conocidos por un juez de mayor riesgo; sin embargo, la Cámara Penal rechazó esta petición.
El ente investigador presentó un recurso de apelación ante esa decisión, el cual fue declarado con lugar por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Los magistrados resolvieron con lugar la apelación planteada por la Fiscalía, pues consideraron que era prudente que fueran elevados los tres procesos y designaron al Juzgado de Mayor Riesgo A para conocerlos.
Caso Aceros
En mayo de 2016, el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron los resultados de una investigación que involcuraba a la entidad Aceros de Guatemala S.A.
De acuerdo con las pesquisas, existió una red de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que permitió la falta de pago de impuestos al Estado por medio de la simulación de compras a proveedores que no tenían infraestructura para operar ni cubrir los montos facturados.
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Traficantes de Influencias
Este caso surgió en mayo de 2018 y hace referencia a las operaciones de una presunta estructura criminal que se habría apropiado de por lo menos Q19 millones.
Según las investigaciones, exfuncionarios, empresarios y particulares formaron esta red que cobraba comisiones a las entidades a cambio de agilizar los procesos de devolución de crédito fiscal en la SAT.
Caso UNE
La CICIG y la FECI le dieron seguimiento a hallazgos surgidos del caso Traficantes de Influencias y determinaron posibles irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de 2015 del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Por lo menos Q19.5 millones que fueron utilizados para las actividades del partido no habrían sido registrados ante el Tribunal Supremo Electoral.
Por este caso, la Fiscalía presentó solicitudes de antejuicio contra la candidata presidencial de la agrupación verde, Sandra Torres, cuatro diputados y dos alcaldes. También se detuvo a personas vinculadas con las posibles anomalías.
* Con información de Emisoras Unidas y el Ministerio Público.
