Los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción que colocan a Guatemala en la posición 144 de 180 países fueron analizados este miércoles en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
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Manfredo Marroquín, presidente de la junta directiva de la organización Acción Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala, dio a conocer que este índice recoge los datos de una serie de encuestas y estudios de opinión a lo largo de un año.
Explicó que desde el año 1996 se mide este índice de percepción de corrupción y el 2018 ha sido donde se ha tenido la más baja puntuación, pues se obtuvo 27 puntos de 100 posibles. “Es una calificación para decir que algo aquí está realmente mal”.
El país se colocó por debajo de la región del África, que tiene la cifra más baja, donde hay naciones con hambruna, en guerra o con estados fallidos. Y consideró “realmente patético” el estado al que está llegando el país.
“Guatemala está machucándole la cola al sótano del ranking, con países como Venezuela, Nicaragua y Haití”, destacó.
De acuerdo con Marroquín, desde el 96 Guatemala no ha mejorado significativamente, pero tampoco se había visto un pronunciamiento a la baja tan marcado como el que se da después de los gobiernos de Otto Pérez y Jimmy Morales.
Los resultados muestran que la percepción de corrupción no varió al cambiar a la administración de Morales, sino que se mantuvo.
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La última calificación durante el gobierno de Pérez fue de 28 y ahora está en 27, lo que en opinión del entrevistado muestra que la gente nunca vio diferencia entre ambos gobiernos en cuanto a la corrupción.
Alejandro Palmieri, analista político y exvocero presidencial, se manifestó sorprendido de que en 2014 y 2015 los índices no eran tan bajos como los de ahora, cuando se conoció la implicación de funcionarios del Gobierno del Partido Patriota en actos de corrupción.
Jaime Ordoñez, de Gobierno Abierto, se refirió a las acciones del Ejecutivo en materia de transparencia.
Señaló que actualmente se están llevando a cabo distintos esfuerzos que buscan transparentar la gestión pública para que el país pueda mejorar en indicadores de esta materia a nivel internacional.
“Guatemala está trabajando para ser evaluada por parte del mecanismo de implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción en el presente año y empezará el proceso con una visita in situ en el país durante abril”, anunció.
Lucha contra la corrupción
En cuanto a la lucha contra la corrupción, Manfredo Marroquín indicó que esta no solo se trata de perseguir a los corruptos y meterlos a la cárcel, sino que debe haber un sistema que detenga la fuga de recursos del Estado.
Eso no lo ha hecho ningún gobierno y los sobornos, compras sobrevaloradas y negociaciones con base en obras públicas continúan, destacó.
Manifestó que CICIG hacía la persecución de delitos, muchos de esos de corrupción, pero el hecho de que se haya perseguido no quiere decir que se haya frenado la corrupción en el Gobierno.
“La percepción no cambia porque no ha habido un gobierno que haya hecho lo mínimo para decirle a la gente que toda la gestión pública más o menos está controlada”, aseguró el presidente de Acción Ciudadana.
En tanto, Palmieri consideró que en la calle es mayor la percepción de corrupción.
El exvocero presidencial añadió que el índice de percepción de corrupción es uno de los elementos que tomarán en cuenta inversionistas y organismos multilaterales para hacer negocios o tener cooperación con Guatemala, por lo que es un indicador que se debe mejorar.
En ello coincidió Marroquín, al indicar que al final lo más perjudicial de tener una calificación tan pobre y tan baja es que no solo se pierde lo que se roban, sino que el país pierde horizonte porque los inversionistas serios y grandes no ven a Guatemala como un lugar promisorio para hacer inversiones.
Acerca de Samuel Morales
Ayer se conoció que Samuel Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, quien se encuentra enfrentando juicio en el caso Botín Registro de la Propiedad, estaría buscando que se le “limpiaran” los antecedentes policiales.
El Diario La Hora publicó una imagen en la cual aparece un registro policial que muestra que “Sammy” no tiene antecedentes.
Pedro Pablo Marroquín, director de ese periódico, indicó que varias personas denunciaron el tema a ese medio y cuando se solicitó información al director de la Policía Nacional Civil los remitió con el departamento de Comunicación Social.
“Si no publicamos la evidencia el gobierno dijera no, es falso. Fue una decisión consciente el publicar esta fotografía”, dijo.
Indicó que aunque el titular de la entidad de seguridad Carlos Tohom explicó después ante periodistas que se emitiría comunicado de Gobernación sobre el tema, esto no se ha dado.
También resaltó que el ministro Enrique Degenhart no brindó detalles al ser cuestionado sobre el tema.
Palmieri consideró que es preocupante que pueda darse la eliminación de antecedentes, pues aunque es un trámite que está en ley si se cumplen los requisitos, lamentablemente en el país hay procesos y amparos “exprés”.
El analista dijo que de ser cierto que se tramitó esa solicitud podrían haberse violado los procedimientos correctos, porque la ley es clara al decir que se debe tener una certificación del juez que llevó el caso, y en el caso específico de Morales esta no se tiene porque aún está procesado.
Por su parte, Marroquín indicó que si se solicita el trámite sabiendo que no se cumple con los requisitos, es obvio que se buscaba obtener resultados de forma ilícita y por medio del tráfico de influencias.
Reunión de presidentes
Se conoció que los presidentes de los tres Organismos del Estado se reunieron ayer en privado; sin embargo, no se conocieron detalles de los temas tratados.
Palmieri consideró que esto genera sospechas y ante ello lo que procede es investigar y que el Ministerio Público determine si hay algo que perseguir.
“No me atrevo a afirmar que se estaba fraguando algo ilegal, aunque ninguno de los tres presidentes va a salir bien parado de esta especulación”, indicó.
Mientras tanto, Marroquín cuestionó que la administración de Morales hable de prácticas de Gobierno abierto cuando se da una reunión de este tipo y no se sabe ni para qué es.
“Son funcionaros públicos, pagados por los ciudadanos, cómo es posible que a estas alturas del siglo XXI se reúnan los tres jefes de los poderes del Estado y no puedan decir para qué se reunieron. Es obvio y la experiencia nos ha enseñado, es evidente que se está fraguando algo”, concluyó.
