El comisionado Iván Velásquez se refirió a la situación que enfrenta la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), luego de que el Gobierno del presidente Jimmy Morales decidiera, de forma unilateral, dar por terminado el acuerdo de su creación.
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En una entrevista con el diario colombiano El País, Velásquez aseguró que en el propósito de procurarse impunidad, muchas personas en Guatemala están haciendo todo lo posible para que no se pueda continuar el trabajo de la comisión.
En ese sentido, explicó que desde el segundo semestre de 2016 empezó una “muy agresiva” campaña de desprestigio y de desinformación contra la CICIG, por medio de las redes sociales y lobbies que se hicieron en Estados Unidos por parte de empresarios.
Cabe recordar que en agosto de 2018 el presidente Morales anunció que ya no se renovaría el mandato de la comisión, que concluye en septiembre de 2019. A esto le siguió la prohibición para el ingreso del comisionado al territorio nacional.
Sobre ese tema, Velásquez recordó que aunque hay fallos de la Corte de Constitucionalidad para que se le permita entrar al país, el mandatario y la canciller han dicho que no van a aceptar “órdenes ilegales” y continúan con la restricción.
Según dijo, esta situación le ha llevado a continuar al frente de la comisión, pero desde fuera de Guatemala. Sus labores se han dado principalmente desde Nueva York y Bogotá.
Entre las más recientes acciones del Gobierno guatemalteco contra la comisión está el retiro de las visas de cortesía a 11 funcionarios de la comisión.
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“Es algo grave porque la justificación que dio la Canciller es que eran personas que ponían bombas en sus países, cuando son abogados y policías colombianos, policías de Uruguay y abogados españoles que han acreditado que en sus países no hay investigaciones en su contra”, dijo Velásquez sobre el tema.
Por último, está el anuncio de la decisión unilateral del Ejecutivo de terminar el acuerdo de establecimiento de la CICIG.
“Hubo un cambio evidente en la posición del presidente después de enero de 2017, cuando resultaron vinculados a investigaciones y privados de libertad su hermano y su hijo. Y luego del antejuicio que se presentó en contra de él por financiamiento electoral ilícito”, expuso Velásquez al medio colombiano.
Por aparte, consideró que se requiere una voluntad fuerte del Gobierno, que no existe ahora, para fortalecer el sistema de justicia.
Dispuesto a renunciar
Tras la notificación de parte del Ejecutivo de que pondría fin a la CICIG, esta activó un plan de “contingencia y seguridad” y pidió a su personal dejar el país hasta nuevo aviso. También fue retirado parte del mobiliario de su sede en la zona 14.
Ante esa situación y la solicitud hecha con anterioridad por el Gobierno a la Secretaría General de las Naciones Unidas para relevarlo, el comisionado dijo estar dispuesto a dejar su cargo, si la comisión puede continuar trabajando.
“¿Está dispuesto a renunciar en aras de que la Comisión pueda seguir adelante con sus investigaciones?”, fue el cuestionamiento hecho por El País al comisionado.
“En realidad el problema no es mi permanencia ni la de la CICIG. El problema es que quieren garantizarse impunidad a como dé lugar y para ello requieren recuperar el control absoluto de la Fiscalía y del Organismo Judicial”, respondió Velásquez.
Añadió: “Si el Gobierno garantiza que la CICIG pueda continuar cumpliendo cabalmente su mandato, yo no tengo problema en renunciar”.
