Tramitar antejuicio contra magistrados de CC no significa que haya golpe de Estado, señalan expertos

Por Nancy Alvarez

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite, por mayoría, a la solicitud de antejuicio contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). El tema fue analizado este jueves en el programa A Primera Hora.

Como invitados en cabina participaron Julio Prado, exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI); y Omar Barrios, director del Centro de Estudios de Derecho (Cede).

Prado resaltó que el asunto apenas está empezando, pues la resolución de la CSJ da vía para que el trámite inicie y sea conocido luego por el Congreso, que deberá decidir si ha lugar o no al antejuicio.

Son 105 votos a favor los requeridos para que los togados puedan ser despojados de su inmunidad. Sin embargo, destacó que el Legislativo está muy dividido y deberá esperarse la decisión que tomarán.

“Si no llegan ni a 105 votos el antejuicio se queda ahí y probablemente no camine hacia el otro punto, que es ya conocerlo por los órganos de justicia. Si el Congreso dijera que sí, el Ministerio Público deberá analizar si tiene suficientes medios de convicción para entender que hay una posibilidad de la comisión de un delito y presentarle el caso al juez”, explicó Prado.

El exfiscal ve muy poco probable que el antejuicio avance, quizá se dé, pero a largo plazo.

Mientras tanto, Barrios consideró que este es un trámite normal y parte del quehacer de la administración de justicia, por lo que no ve nada equivocado en la decisión de la CSJ.

“No es un golpe de Estado, no podemos decir que porque alguien presentó una denuncia o se aceptó a trámite unas diligencias de antejuicio se rompe el orden constitucional, si eso fuera así, entonces no estuviera en la ley”, expuso.

El director del Cede explicó que los funcionarios públicos gozan de una prerrogativa que se denomina inmunidad personal, y el antejuicio es el proceso para que se le despoje de esta y se pueda investigar a las personas.

Serán la comisión pesquisidora y el Congreso mismo los que deberán determinar si la denuncia es espuria o ilegítima y decidir si avanza o no el antejuicio contra los magistrados, añadió.

Efecto en los comicios

Tomando en cuenta que está por iniciar el proceso de elecciones generales 2019, los analistas se refirieron a qué impacto tendría este tema en el mismo.

En opinión de Barrios, esto va a tener una afectación para el Congreso, específicamente sería para los diputados que buscan su reelección.

“Puede tener un efecto enorme sí, pero tenemos que ser sensatos y establecer que el proceso electoral debe ser íntegro, mantenerlo depurado, protegerlo y aislarlo de ese tipo de injerencias, que es un trámite del quehacer de la administración de justicia”, señaló

Añadió que no habría que vincularlo ni contaminar las decisiones que tome el Congreso con el proceso electoral, pero puede haber muchos que sí le quieran sacar provecho a esa situación.

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