El procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, señaló que las recientes acciones tomadas por la administración del presidente Jimmy Morales “nos recuerdan a los gobiernos dictatoriales que creíamos haber dejado atrás”.
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Rodas condenó que el gobierno, de forma unilateral, desconozca el acuerdo de establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Según indicó, la acción viola el estado de derecho, los tratados internacionales y el propio convenio de la comisión.
“En la última actuación se combina la desobediencia previa a los fallos y disposiciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), lo cual los hace incurrir en una acción flagrante contra la Constitución Política de la República, la democracia y la lucha contra la impunidad y corrupción”, destacó por medio de un comunicado.
Añadió que la Convención de Viena sobre derecho de los tratados no es aplicable al acuerdo entre Guatemala y Naciones Unidas, por lo cual lo realizado por el Gobierno violenta el estado de derecho.
En ese sentido, el magistrado de conciencia exigió “el restablecimiento inmediato de la cordura para retrotraer esas acciones ilegales y antidemocráticas”.
Sobre el acuerdo
Este martes fue publicado en el diario oficial el acuerdo gubernativo 2-2019, en el que el Gobierno oficializa la decisión de dar por terminado el acuerdo de la CICIG.
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A criterio del procurador Rodas, se está violentando el principio de jerarquía normativa, porque un acuerdo gubernativo no puede derogar el decreto legislativo en el que el Congreso aprueba el acuerdo de creación de CICIG.
Añadió que el acuerdo gubernativo publicado hoy cobra vigencia este martes y todas las actuaciones fueron realizadas ayer por la canciller Sandra Jovel, por lo cual considera que hay anticipación de funciones.
Llamado
Rodas hizo un llamado a la comunidad internacional, sociedad civil, movimiento indígena y campesino, prensa independiente, a empresarios “honestos” y al pueblo de Guatemala en general, para que juntos defiendan el estado de derecho.
Ello con el objetivo de recuperar “el más elemental sentido común para rectificar la hasta ahora desatinada conducción de la administración pública”.
