En el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se analizó este jueves las decisiones del Gobierno sobre la no renovación de visas de cortesía a 11 funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
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Además, se conversó sobre la decisión de Migración de fijar un plazo de 72 horas para que los investigadores abandonen el país.
Como invitados en cabina participaron Alejandro Rodríguez, investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala y exsecretario del Ministerio Público (MP); y Stuardo Ralón, abogado constitucionalista y presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon).
A criterio de Rodríguez, existe la posibilidad de un rompimiento constitucional, pues el Gobierno ha llevado a cabo acciones al margen de la ley.
“Muchos grupos políticos y especialmente el presidente quieren impedir que esta lucha (contra la corrupción) continúe y que se avance”, dijo.
Y específicamente sobre la no renovación de acreditaciones de los investigadores, aseguró que se trata de un acto delictivo.
“Se llama conspiración para la obstrucción a la justicia. El impedir que los investigadores puedan actuar de manera libre en Guatemala y el comisionado pueda continuar en el país realizando todos sus esfuerzos, son graves incumplimientos al acuerdo de Naciones Unidas y son actos delictivos y así lo debemos denunciar”, manifestó el exsecretario del MP.
Ralón coincidió en que puede darse ese rompimiento al que hacía referencia Rodríguez. En su opinión, esto ocurriría si alguno de los poderes se extralimita en sus funciones.
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“Si alguno de los poderes, incluyendo el judicial, y si no se respetan los límites de autocontrol de la misma Corte de Constitucionalidad, puede darse un escenario de rompimiento constitucional”.
No hay poder absoluto en Guatemala. No hay poder absoluto en la CC, tampoco en la CICIG, ni en los tres poderes del Estado, cada uno tiene sus respectivos límites, manifestó.
Transferencia de capacidades
En agosto pasado, el presidente Jimmy Morales anunció la no renovación del mandato de la CICIG, que concluye en septiembre de 2019.
También mencionó que mientras llegaba el momento del retiro de la comisión del país, se llevaría a cabo el proceso de traslado de capacidades hacia las entidades nacionales.
Pero, tomando en cuenta las acciones que se han dado de parte del Gobierno con relación a la CICIG, incluyendo el retiro de los 11 investigadores que conocen casos de alto impacto, Ralón destacó que no se ha dado un diálogo para solucionar las controversias.
“Es lamentable que haya una posición cerrada, tanto de Naciones Unidas, como de ambas partes, que no han podido instalar la mesa de diálogo del artículo 12 del convenio, desde que fue la declaratoria de non grato”, dijo.
Ha pasado más de año y medio y el tema se empantanó, las posiciones se cerraron, cada una de las partes tiene una lectura diferente de la situación y va tomando sus determinaciones según su propia lectura, opinó el presidente del Cedecon.
Se está perdiendo la oportunidad de que se transfieran las capacidades ordenadamente, concluyó.
