El jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, participó este viernes en una conferencia en El Salvador, en la cual compartió la experiencia de esta entidad en la lucha contra la corrupción e impunidad.
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En el foro "Desenmascarando la gran corrupción", el comisionado se refirió a los elementos fundamentales que permitieron avanzar en las investigaciones de los diferentes casos que involucran a estructuras criminales que han cooptado el Estado.
Por medio del trabajo conjunto del Ministerio Público (MP) y la CICIG, se ha revelado la posible participación de altos funcionarios de Gobierno en actos ilícitos.
De acuerdo con Velásquez, pese a que en Guatemala hay aspectos en el sistema de justicia que deben fortalecerse, hubo factores que incidieron en que especialmente desde 2015 se haya podido continuar con las pesquisas.
Redes ilícitas
El jurista colombiano resaltó que en la actualidad existen redes político económicas ilícitas que, según él, son la expresión moderna de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (Ciacs).
Detalló que las estructuras del pasado, de la época de represión, no desaparecieron y se fueron adaptando a los nuevos tiempos y son estas redes a las que se refiere.
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“A través de investigaciones se han logrado identificar a las estructuras evolucionadas, particularmente en el caso La Línea, que surgió en 2015 y generó gran entusiasmo en la ciudadanía guatemalteca porque se veía que en realidad no había nadie por encima de la ley”, dijo Velásquez.
Y para combatir estas acciones, opinó que uno de los principales elementos que debe existir es la independencia en las instituciones de justicia. En ese sentido, resaltó la necesidad de fortalecer el el Ministerio Público y el Organismo Judicial, principalmente en lo concerniente a la elección de magistrados de las Cortes y las carreras judicial y fiscal.
A su criterio, se ha podido identificar a estructuras de gran poder que buscan incrementar su poder político y económico, enriquecerse ilícitamente y obtener impunidad. A estas, para poder hacer la captura del Estado sin problemas, les es indispensable la cooptación del sistema de justicia.
“Particularmente del MP y del OJ, aunque podríamos decirlo, en general todos los órganos de control que pudieran significar un freno al ejercicio del poder en este sentido”, manifestó.
Velásquez expuso que esa captura del sistema de justicia logra ejercerse teniendo un Ministerio Público dependiente del poder Ejecutivo, ya sea directa o indirectamente.
En ese sentido, puso como ejemplo el caso de Guatemala, pues explicó que el Presidente de la República puede en cualquier momento remover libremente al fiscal general por deficiente desempeño de sus funciones.
Destacó que solo con el hecho de que se pudiera medir el índice de impunidad de robo de celulares en la Ciudad de Guatemala, que es de 99 por ciento, se podría aducir un motivo de que no hay apego a la política gubernamental de seguridad y proceder a reemplazar al titular del ente investigador.
“Esto naturalmente hace que un fiscal pueda ser mucho más dependiente, en la medida que su permanencia depende de la buena relación que pudiera tener (con el Ejecutivo)”, dijo.
Por aparte, señaló que las propias investigaciones del MP y CICIG han mostrado que el sistema de elección de magistrados de Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, como está diseñado en Guatemala, permite fácilmente incidir en las comisiones de postulación.
De esta manera, la selección de quiénes van a ocupar la lista final de aspirantes a estos cargos, que es elaborada por la comisión y presentada al Congreso, se reparte entre los partidos políticos mayoritarios.
“Esto hace que todo el nivel inferior de la CSJ esté sometido a la influencia perniciosa” de ciertos intereses, puntualizó.
¿Por qué pudo continuar Aldana?
Tras exponer la situación del sistema de justicia guatemalteco, Velásquez indicó por qué se pudieron judicializar los casos en 2015 contra los funcionarios del Partido Patriota, durante la gestión de la fiscal general Thelma Aldana, pues incluso se estaba señalando al entonces presidente Otto Pérez.
Una ciudadanía activa y fiscalizadora, funcionarios de justicia comprometidos con la lucha contra la corrupción y la participación de medios de comunicación que brinden información veraz, son aspectos que permitieron avanzar, mencionó.
“La importancia de la participación ciudadana en todo el proceso de la lucha contra la corrupción y el ejercicio de la información veraz, oportuna y objetiva que medios de comunicación independientes pueden suministrar a la ciudadanía” fueron fundamentales para que la gestión de Aldana pudiera llegar hasta su final, aseguró.
Destacó que durante 22 semanas continúas, cada sábado los guatemaltecos acudieron a la plaza de la Constitución. Niños y adultos, familias enteras, cantaban el himno nacional de Guatemala y así manifestaban su descontento con lo que ocurría.
“Era la demostración del respaldo que daba la ciudadanía a esta lucha contra la corrupción e impunidad”, lo cual permitió que en ese momento y hasta la actualidad el MP haya podido profundizar en las investigaciones, afirmó el jefe de la CICIG.
Finalmente, resaltó que la justicia debe alcanzar a todos los que violen la ley. Y aclaró que la CICIG no favorece a ningún sector ni a ninguna persona.
