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“Ningún hecho quedará impune”, dice fiscal Porras sobre financiamiento ilícito de FCN

La Fiscalía de Delitos Electorales presentó hoy la acusación contra cinco empresarios ligados a proceso penal por este caso.

Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público, explicó que ningún hecho quedará impune, referente al cambio de planteamiento de criterio de oportunidad a acusación en el caso de supuesto financiamiento electoral ilícito del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

“Nosotros hicimos el análisis de interpretación de la reforma del artículo 407N y la adición de 407 O (de la Ley Electoral y de Partidos Políticos), sobre esa base la concepción manifiesta de parte del Ministerio Público, es que no se queda impune ningún hecho cometido”, resaltó Porras.

En ese sentido, la fiscal general indicó que consecuentemente sobre esa línea se está solicitando a los juzgadores lo que corresponde en cada uno de los casos. “Por cuanto que cada caso tiene supuestos totalmente diferentes, ya que los hechos son totalmente diferentes”.

Cambio de postura

Consuelo Porras explicó que la Fiscalía contra Delitos Electorales consideró en primer lugar meritorio pedir un criterio de oportunidad; sin embargo, resaltó que el Ministerio Público tiene que acatar las decisiones judiciales.

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“Entonces el juzgador o juzgadora no aceptó la petición del Ministerio Público y consecuentemente ordenó que se presentara una acusación y eso fue lo que se hizo”, resaltó.

En tanto, Oscar Schaad, de la Fiscalía de Delitos Electorales, explicó que hoy se presentó la acusación contra cinco empresarios ligados a proceso penal por supuestamente estar relacionados con la entrega de aportes a FCN-Nación que no habrían sido reportados al TSE.

“Esta tiene como objeto que la juzgadora Erika Aifán tenga conocimiento de la investigación realizada en conjunto con la CICIG y someter a su consideración los resultados de la misma”, dijo.

Finalizó indicando que la Fiscalía continúa recibiendo denuncias por el Tribunal Supremo Electoral que son judicializadas. Son unas 300 por año las que ingresan al MP, relacionadas con posibles delitos electorales.

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