¿Es viable legal y políticamente el regreso de Iván Velásquez a Guatemala?

Expertos se refirieron a las resoluciones de la CC, al diálogo que mantiene el Gobierno de Guatemala con Naciones Unidas en torno al jefe de la CICIG y la labor de la comisión, y a las recientes declaraciones de Iván Velásquez sobre la posibilidad de que regrese al país.

Por Nancy Alvarez

Luego de las declaraciones brindadas por el comisionado Iván Velásquez a un medio de comunicación colombiano, en las que hace referencia a su eventual retorno a Guatemala, se han generado una serie de reacciones.

“Yo aspiro a que en enero haya una mayor racionalidad y pueda normalizarse la situación, que se respete la decisión de la Corte (de Constitucionalidad) y no haya ninguna situación complicada cuando yo vaya a regresar al país”, dijo el jefe de la CICIG al diario El Tiempo.

También mencionó que el Gobierno guatemalteco, a pesar de que el máximo tribunal avala su retorno, mantiene la restricción. Y consideró que hay “algunos visos autoritarios que podrían implicar inclusive la adopción de acciones de hecho”.

Acerca de cuán viable es que pueda ingresar nuevamente a territorio guatemalteco y cuál podría ser el futuro de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se conversó hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

Como invitados participaron Luis Lam Padilla, abogado constitucionalista; y Elvin Díaz, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.

Lam detalló que las condiciones están dadas y no van a variar ni para enero ni para septiembre de 2019, cuando se espera que concluya el mandato de la comisión.

“La CC dictó un primer fallo a un amparo, en el que establece que el Gobierno debía permitir la entrada del o la comisionado/a de la CICIG y que ese acuerdo para determinar quién era el comisionado era algo que debía surgir de la negociación entre Guatemala y las Naciones Unidas”, señaló.

Después se interpuso un recurso de aclaración y ampliación, en el que la Corte estableció que el comisionado que debía dejarse entrar era Velásquez, recordó el entrevistado.

Pero contra la postura de los magistrados está la del Ejecutivo, en el sentido de que este organismo debe velar por el cumplimiento de la Constitución y que la propia carta magna le faculta para no obedecer órdenes que son ilegales al orden constitucional, continuó.

“Considero que esas posiciones se van a mantener y el Gobierno seguirá con la postura, como lo ha dicho, de defender el orden constitucional, y que esa resolución de la CC sobrepasa las facultades que tiene la propia Corte en un tema de política exterior”, expresó el abogado.

A Lam también le parece poco acertado de parte de Velásquez que diga que posiblemente trataría de ingresar al país, cuando la negociación ha sido entre el Gobierno y Naciones Unidas, y en su opinión, él no es una persona que pueda tomar una decisión unipersonal, sino que depende del resultado de estos diálogos.

“El secretario general de la ONU ya dio respuesta de que Velásquez iba a quedarse por el momento a cargo de la CICIG desde fuera de Guatemala y que se nombraría a otra persona para que manejara la comisión dentro del país. Entonces, una posición así de Velásquez, contraría a la propia decisión del secretario”, dijo Lam.

En tanto, Díaz señaló que en el marco del enfrentamiento “irresponsable” que ha manifestado el presidente Morales contra Velásquez, a todas luces se está violando la Constitución y ya se incurrió en desobediencia de parte de algunos ministros.

Se debe hacer un análisis político también, pues desde 2015 la CICIG ha tenido un arma potente que son las investigaciones penales. La coyuntura se ha visto marcada por la labor que realiza la comisión en conjunto con el Ministerio Público y el sistema de justicia en general, indicó.

El abogado consideró que se pueden esperar dos escenarios. Uno en el que continúen los casos penales, a pesar de que Velásquez dirija a control remoto la comisión porque no ha podido ingresar, y en el que seguirán más investigaciones que puedan involucrar a altos funcionarios.

Y el otro es que a partir de enero empieza el proceso electoral con la convocatoria y este se vería marcado por el inicio de una nueva dinámica. Ello podría conllevar a que la correlación de fuerzas tenga que cambiar a partir de los comicios y que los diputados estén pensando más en su reelección y su campaña.

Entonces, de darse ese segundo escenario, quienes integran el llamado “pacto de corruptos” se enfocaría en intereses personales o de cada partido y el Ejecutivo iría perdiendo fuerza, manifestó el director del Instituto.

Añadió que la resolución de la CC es apegada a derecho. “Iván Velásquez puede entrar. La Corte no se excedió y esas condiciones son parte del sentido democrático y lo que emana de control constitucional”, resaltó.

Tras participar en diferentes actividades públicas este miércoles, también el vicepresidente Jafeth Cabrera, la fiscal general Consuelo Porras y el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, se pronunciaron sobre el tema de un eventual retorno del jefe de la CICIG a Guatemala.

Cabrera indicó que no hay información nueva y se sigue en las mismas circunstancias en cuanto a la situación de Velásquez. Mencionó además que desde hace un año fueron a Naciones Unidas y la respuesta ha sido que “enviarán a un subcomisionado, y hasta ahí están las pláticas”.

Por su parte, Porras dijo que será determinación del jurista si regresa o no a Guatemala, pues ya se conoce lo resuelto por la CC.

Añadió que no ha tenido comunicación recientemente con el comisionado y que la relación con la CICIG la mantiene por medio de delegados de la comisión, la misma se enfoca en aspectos eminentemente técnico jurídicos en seguimiento a los casos, de acuerdo con sus palabras

En tanto, Rodas espera que Velásquez regrese pronto. “Él tiene todo el derecho y la libertad de regresar al país cuando quiera", aseveró.

¿Es posible dar por concluido el acuerdo?

Por aparte, en A Primera Hora se conversó sobre la posibilidad de que el mandatario Jimmy Morales pudiera dar por concluido el acuerdo de la CICIG antes de septiembre de 2019, cuando finaliza la prórroga que está vigente.

Lam dijo que el presidente sí tiene facultades para darlo por terminado si el Gobierno de Guatemala considera que se ha incumplido de alguna manera con la aplicación correcta del acuerdo, pues “esa es una facultad expresa que tiene cualquier Estado”.

Habiendo confirmado el presidente de que ya no va continuar con la prórroga de CICIG, que concluye el próximo año, consideró que podría ser prematuro el hacerlo y debería tener suficientes razones y justificaciones para alegar un incumplimiento. “Pero de que lo puede hacer, a mi juicio, lo puede hacer”, puntualizó.

Por su parte, Díaz consideró que esta acción no se puede llevar a cabo, pues entonces se estaría incurriendo en el incumplimiento de una obligación internacional, ello tomando en cuenta que en el artículo 14 del convenio de creación de la comisión se dispone el tema de la prórroga.

Si Morales ya firmó que no va a prorrogar y lo anunció con 12 meses de anterioridad a la ONU, lo más prudente es que se respete esa decisión y no se den acciones de parte de “los que tienen prisa de deshacerse de CICIG, empezando por el presidente de la República”, concluyó.

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