En una histórica decisión, un tribunal de San Salvador condenó a cinco años de prisión al exfiscal general, Luis Antonio Martínez, por el delito de divulgación de material reservado.
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La fiscalía le ordenó que pague a la víctima 125 mil dólares en concepto de responsabilidad civil.
Martínez fue enviado a juicio por divulgar conversaciones privadas del sacerdote español Antonio Rodríguez, interceptadas por el Centro de Escuchas Telefónicas del Ministerio Público.
Las intercepciones se llevaron a cabo durante el proceso legal que se siguió por su papel de intermediario en la llamada tregua entre las pandillas y el gobierno salvadoreño en 2014.
El padre Toño alegó que las dichas conversaciones fueron utilizadas para obligarlo a confesar delitos en su papel de mediador en la tregua y presionarlo para salir del país.
Amenazó a sacerdote
Según la denuncia, el exfiscal presentó las conversaciones a las autoridades religiosas y habría amenazado con hacerlas públicas si el padre Toño no se declaraba culpable.
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Al final de la audiencia, el padre Toño se declaró satisfecho con la sentencia y afirmó que “hoy tenemos un país con más justicia”.
Martínez está encarcelado en el penal La Esperanza, conocido como “Cárcel de Mariona”, al norte de la periferia de San Salvador, y enfrenta otros dos juicios penales.
El primero de los casos tiene que ver con actos de corrupción penal.
Está acusado de beneficiarse con dádivas para ocultar presuntos delitos del expresidente Mauricio Funes y de un empresario prófugo.
El Ministerio Público asegura que durante la administración como fiscal general entre 2012 y 2015, Martínez recibió entre 10 mil y 20 mil dólares al mes de parte de Funes.
Se presume que el exmandatario le pagó para que no investigara supuestas irregularidades en el contrato de construcción de una presa hidroeléctrica y la llamada tregua entre las pandillas y su gobierno.
*Con información de AP.
