Ocho enfrentarán a la justicia por lavado de dinero

El Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal ordenó que ocho personas enfrenten la justicia por acciones vinculadas al lavado de dinero.

Se trata de:

Marco Antonio Arana Mazariegos, ligado a proceso por lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. Se le dictó una medida sustitutiva consistente en el pago de una fianza de Q490 mil 120.
Iría Maite Monterroso Álvarez, sospechosa de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. Fue beneficiada con arresto domiciliario por el pago de una caución económica de Q.86 mil 545.
Byron René Duque Pimentel, vinculado a proceso penal por lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. La medida sustitutiva que se le impuso es de libertad por el depósito de una fianza de Q86 mil 545.
José Rolando Par Cuc, agente de la Policía Nacional Civil, sospechoso por lavado de dinero u otros activos, cohecho pasivo y asociación ilícita. Se dictó prisión preventiva en su contra.
Evelyn Sucell Barrera Molina, señalada por lavado de dinero u otros activos. Permanecerá en prisión preventiva.
Marco Antonio Arana Orantes, será procesado por lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. Deberá cancelar una caución económica de Q48 mil.
Byron Manfredo Méndez López, sindicado por lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. Se le ordenó guardar prisión preventiva.

Fiscalía logra que ocho presuntos lavadores de dinero queden ligados a proceso penal - https://t.co/xfIoP4MtSs pic.twitter.com/3CgPpn0JBd
— MP de Guatemala (@MPguatemala) November 30, 2018

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Por estos hechos enfrentarán la justicia

Por medio de una nota de prensa el órgano encargado de la persecución penal detalló el caso.

La investigación detalla que entre enero de 2017 y junio de 2018 habrían sido introducidos de manera irregular Q53.7 millones al sistema financiero nacional.

Dicho monto fue percibido por una estructura criminal que tendría en la cabeza al colombiano William Darío Molina Ruiz, quien ingresó al país en octubre de 2015.

La red creó dos empresas dedicadas a la venta de ganado y bienes muebles e inmuebles.

De acuerdo con la pesquisa, las entidades comerciales fueron creadas en septiembre de 2016, pero fue hasta junio de 2017 cuando comenzaron a tener movimiento económico y no se justificó su crecimiento financiero.

"Las empresas antes mencionadas recibieron depósitos en efectivo provenientes de casas de cambio no autorizadas propiedad de Marco Antonio Arana Mazariegos y Marco Antonio Arana Orantes, quienes forman parte de la agrupación criminal y también recibieron dinero de cheques de caja", detalla la nota.

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