En el marco del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, autoridades del Ministerio Público (MP) presentaron la Guía básica del fiscal sobre criterios jurisprudenciales en donde se resaltó que hasta el 22 de noviembre se han recibido 54 mil 466 denuncias por violencia contra la mujer.
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Hugo Alvarado, director técnico del proyecto justicia para cultura y genero de USAID, explicó que la violencia en contra de la mujer es una manifestación en las relaciones desiguales entre hombres y mujeres, y una limitante en el conocimiento y ejercicio en sus derechos humanos, por lo que resaltó que su prevención y sanción es apremiada.
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Agregó que es importante reconocer que el impacto diferenciado de este flagelo puede tener mayor efecto en mujeres en especial situación de vulnerabilidad, como las mujeres y niñas indígenas, discapacitadas y migrantes.
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“Somos consientes que la violencia contra la mujer es el delito más denunciado en Guatemala”, subrayó Alvarado.
En este contexto, Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público, indicó que en esa institución se han recibido desde el 1 de enero al 22 de noviembre del presente año, 54 mil 466 denuncias relacionadas con casos de violencia contra la mujer, en sus manifestaciones física, psicológica y sexualmente.
“Ese dato es uno más de los muchos indicadores que confirman que la violencia contra la mujer es un flagelo que afecta directamente a las mujeres guatemaltecas”, resaltó la fiscal general.
Presentan guía
Autoridades presentaron la Guía básica del fiscal sobre criterios jurisprudenciales, la cual se elaboró con el apoyo financiero de Suecia, así como USAID, el cual se realizó el año pasado, por medio de un trabajo de sistematización por medio de una consultoría externa.
La guía explica que entre los índices de denuncias más recurrentes en los últimos años, destaca la violencia contra mujer en sus distintas manifestaciones, seguido por amenazas hurto, robo agravado, robo de equipo terminal móvil, entre otros.
La fiscal anunció que en el MP se trabaja con algunas carteras del Ejecutivo para implementar un nuevo modelo de protección integral para la niñez víctima y un nuevo modelo de prevención y resocialización de adolescente en conflicto con la ley penal.