El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, rechazó la solicitud de libertad que le hizo el exjefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Rony López, vinculado al caso "Manipulación de justicia".
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Además, la misma respuesta recibieron las sindicadas Dora Bonilla, abogada, y Lesbia Montúfar, exempleada de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam).
Tanto López como Bonilla y Montúfar pidieron al juez que modificara las medidas de coerción que cumplen cada uno, consistentes en prisión preventiva, por arresto domiciliario y otras que considerara el juez.
Los señalados afirmaron que el pasado 21 de septiembre el Ministerio Público (MP) entregó el informe final del caso, que contiene la acusación, y que ese hecho causaba que variaran las circunstancias procesales.
Gálvez rechazó las peticiones con los siguientes argumentos:
"La ley no prohibe la prisión preventiva. Lo que sí prohíbe es declararla sin fundamento".
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"Persisten algunos peligros procesales para la averiguación de la verdad de los hechos, si se concede la medida sustitutiva a los procesados".
"Me llama la atención lo que dicen las víctimas de que recibieron amenazas en su contra".
En el caso también figura como sospechoso el general Erick Fernando Melgar Padilla, quien ha evitado que se desarrolle la audiencia de primera declaración en su contra.
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Querellante pide que se niegue libertad
Durante la audiencia el juez Gálvez escuchó a Rica Gloria Gramajo, tía Melgar Padilla y querellante adhesiva en el caso, quien pidió que no se otorgara la medida sustitutiva a la prisión que solicitaban los sospechosos.
Gramajo afirmó en una ocasión un hombre le interceptó el paso y le dijo que lo habían contratado para matarla.
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