Resolución de CC sobre comisionado de CICIG es cuestionable; sin embargo, debe ser acatada, señalan expertos

Por mayoría, la Corte de Constitucionalidad ordenó que se permita el ingreso de Iván Velásquez, titular de la comisión, al territorio nacional.

Por Nancy Alvarez

La Corte de Constitucionalidad (CC) aclaró ayer que las autoridades guatemaltecas deben permitir el ingreso del titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, al territorio nacional. Sobre este tema se hizo un análisis en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

Como invitados en cabina participaron Mario Fuentes Destarac, abogado e integrante del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon); y Omar Barrios, director del Centro de Estudios de Derecho (Cede).

Los entrevistados coincidieron en indicar que existen ciertos vicios tanto la resolución por medio de la cual se otorgó un amparo provisional que avala que se permita acceder al país al comisionado de la CICIG, como en la aclaración hecha sobre esa decisión.

Aunque detallaron que la resolución de los magistrados es cuestionable, la CC es una autoridad legítima, y en tanto, sus resoluciones también, por lo que deben ser acatadas.

A criterio de Barrios, la aclaración que emite la CC es un pronunciamiento “con niveles de mediocridad altos”, pues se mencionó el derecho que tiene Velásquez de poder ingresar, pero la forma en que resolvieron tanto el amparo como esta ampliación, es una “distorsión total a la figura del amparo”.

Se tiene un amparo con decisión e unanimidad de los cinco magistrados, pero luego se tiene una aclaración dividida, quiere decir que no hay ratificación de la primera decisión que se tomó. Hay vicios en esa resolución.

Fuentes Destarac coincidió en que al observarse distinta manera de votar prácticamente lo resuelto con relación al amparo provisional es una cosa y la respuesta a la aclaración es otra.

En su opinión, cambió la resolución porque por unanimidad se resolvió el amparo de cierta manera para permitir el ingreso del comisionado de CICIG, pero en la ampliación ya se incluye un nombre, pues se menciona a Iván Velásquez, entonces hay una variación. Sin embargo, resaltó que esa es la resolución que hay y debe acatarse.

“Yo nunca había visto en mi vida que hubiera votos razonados cuando se amplía o aclara una resolución, eso es inaudito. Eso evidencia que son dos resoluciones totalmente diferentes”, manifestó.

Además, los expertos señalaron otros puntos que pueden cuestionarse de la decisión de los magistrados.

El director del Cede se refirió a que en la resolución inicial no amparo no aparece el nombre de Velásquez, “¿cómo no se va a personalizar la situación, si un amparo es para proteger a las personas?”, planteó.

Para él, la resolución dista de las calidades que los magistrados deberían tener y con base a su experiencia consideró que ese proyecto no pasó por los letrados de la Corte, pues su esa redacción dista mucho de las calidades del equipo técnico del máximo tribunal.

“Ellos son abogados especializados, master, doctores en derecho constitucional”, por lo cual consideró que “alguien” les tuvo que haber “ayudado” a los magistrados con esta resolución, pues si se coteja con cualquier otra se ven múltiples diferencias en sintaxis y redacción.

Barrios agregó que el acuerdo de CICIG debe cumplirse en su totalidad; sin embargo, en este caso lo que está fuera del marco legal es que se haya prohibido el ingreso del comisionado. En ese sentido, aseguró que por ser Velásquez el agraviado, el amparo debió ser presentado por él y no por otra persona.

Resaltan necesidad de dialogar

El director del Cede dijo que es ilegal que no se deje ingresar a Velásquez al país, pues el acuerdo de la CICIG, suscrito entre Naciones Unidas y el Estado de Guatemala, es claro y habla de prerrogativas, incluida la que refiere que ni siquiera necesita visa para estar en el territorio nacional.

Consideró que el pronunciamiento del secretario general de la ONU, António Guterres, “es nefasto”, y ello no está relacionado con su decisión de ratificar o no a Velásquez como comisionado, sino a que su decisión no ayuda a conciliar el asunto.

Sin embargo, mencionó que Velásquez como comisionado legalmente tiene la atribución de seguir cumpliendo su función, pero no era lo mejor que siguiera en el cargo cuando la situación ya está muy conflictiva.

“Esa imposición solo generará más conflicto. Este no es problema entre el Gobierno o Presidencia y la CICIG, sino entre Jimmy Morales e Iván Velásquez”.

Para el integrante del Cedecon, hay cierta responsabilidad en los distintos actores, tanto los del tribunal de lo constitucional como del Ejecutivo y de la misma Secretaría General de la ONU.

En su opinión, quizá si se hubiera agotado la vía establecida en el artículo 12 del acuerdo de CICIG no se hubiera registrado esta situación.

“El asunto es entre tres personas: Jimmy Morales, Iván Velásquez y Guterres. Ojalá se pudieran deponer las actitudes y tomar el diálogo para una negociación sana”, dijo el abogado.

Los enfrentamientos y confrontaciones, como las que se vivieron en el pasado en Guatemala, no ayudan, sino que el diálogo es la solución, resaltó.

Barrios manifestó también que el diálogo es la única solución, pero que se debería acudir a una madurez política. Y señaló que si Morales, Velásquez o Guterres no han propuesto específicamente esa vía, se deberá acudir a otros actores que puedan sentar a la mesa a los actores involucrados.

Se debe buscar cómo salir de esta situación, pues el país ni siquiera está detenido, sino que va en retroceso. Toda aquella unión de 2015 desapareció y el ambiente está marcado por la polarización, concluyó.

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