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Tras resolución de CC que permite retorno de Velásquez a Guatemala, PDH le da la bienvenida

La Corte de Constitucionalidad, por decisión unánime, otorgó ayer un amparo provisional en el que avala que el comisionado de la CICIG pueda ingresar al país.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, se pronunció tras conocerse la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que dejó en suspenso la decisión del Gobierno de Jimmy Morales de prohibir el ingreso del comisionado Iván Velásquez a Guatemala.

Por medio de una publicación en su cuenta de la red social Twitter, Rodas se congratuló por el fallo y le dio desde ya la bienvenida al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad den Guatemala (CICIG), que se encuentra fuera del país desde el pasado 3 de septiembre.

“Excelente noticia para la justicia guatemalteca, bienvenido comisionado Iván Velásquez a seguir desde Guatemala la lucha contra la corrupción y la impunidad. No podía ser de otra manera, la honorable CC restablece una vez más el orden jurídico”, escribió.

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El máximo tribunal constitucional anunció la noche del domingo que por unanimidad se decidió otorgar un amparo provisional en el que se avala el regreso de Velásquez a Guatemala.

De igual forma, durante la conferencia de prensa donde dio a conocer el fallo, recordó que sus resoluciones deben ser acatadas, así como los tratados internacionales suscritos.

“Atenta contra la seguridad”

El pasado 4 de septiembre, un día después de que el comisionado viajara a Washington, Estados Unidos, trascendió una circular emitida por la Dirección General de Migración, en donde se detallaba que el jefe de la CICIG tenía prohibido ingresar al territorio guatemalteco.

Lee también: CICIG se pronuncia ante resolución de CC sobre ingreso al país de Iván Velásquez

Fue hasta horas después cuando el Gobierno finalmente confirmó tal medida, al asegurar que en seguimiento a la recomendación hecha por el Consejo de Seguridad Nacional se tomó la decisión.

El argumento utilizado fue que Iván Velásquez es considerado como “una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública; afectando la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y la paz del país”.

Esta decisión el Gobierno de Jimmy Morales generó múltiples pronunciamientos, la mayoría en contra. Varias organizaciones realizaron movilizaciones en el interior del país y en la capital, tanto para que se permita el ingreso del comisionado como para que se renueve el mandato de la comisión, que concluye en 2019.

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