Un condenado y tres detenidos en tres distintos casos por delitos sexuales

Dos capturados son vinculados con una red internacional que comercializa pornografía infantil.

Por Jerson Ramos

El Ministerio Público (MP) informó sobre tres casos que se desarrollaron en contra de personas o bandas dedicadas a cometer delitos de carácter sexual.

Los esfuerzos incluyen la captura de tres personas y la condena de una más, según notas de prensa que fueron publicadas por la Fiscalía.

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Los casos

El primer hecho detalla que fueron detenidos dos supuestos distribuidores de material pornográfico de menores de edad.

Se trata de Gabriel Antonio Xic López y Daniel Alejandro Rivera Martínez, quienes tendrían relación con una estructura internacional de niños, niñas y adolescentes en situaciones de tipo sexual.

La nota del órgano encargado de la persecución penal señala que:

"La Fiscalía inició las investigaciones por medio de investigaciones pro activas de la unidad contra la pornografía infantil en la red que detectó una alerta de 32 casos en el ámbito internacional".

 

Las capturas fueron realizadas en Chimaltenango. Los señalados serán trasladados a la capital para rendir su primera declaración en el Juzgado Tercero Penal.

Según el MP, por medio de las pesquisas se determinó que algunas víctimas intentaron suicidarse,  pues fueron amenazadas para elaborar y entregar el material pornográfico.

En otro proceso se reportó la detención de Clarivel Motta Rodríguez quien sería la encargada de una vivienda donde funciona el negocio Bar Dos que Tres. En el lugar fueron localizadas varias mujeres que afirmaron a los investigadores que ejercen la prostitución en el sitio.

Ambas investigaciones son desarrollados por la Fiscalía contra la Trata de Personas.

Sentenciado

Aníbal Antonio Blanco fue condenado a cumplir una pena de cinco años de prisión por haber violado a una menor de edad.

La Fiscalía de la Niñez y Adolescencia probó en el Tribunal de Femicidio que el señalado fue responsable de haber agredido de manera sexual a la víctima.

El Tribunal ordenó que como reparación digna el sentenciado debe pagar tratamiento psicológico para la menor.

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