La importancia que tienen las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) en la realidad de Guatemala fue el tema analizado este lunes durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
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Roberto Molina Barreto, expresidente de la CC; y Alejandro Balsells, abogado e integrante del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), se refirieron a los fallos emitidos en los últimos meses por parte de la Corte.
El exmagistrado recordó que la guía de la CC para tomar decisiones es la propia Constitución Política de la República y resaltó la importancia de que los magistrados no se desmarquen de las funciones que la Carta Magna les atribuye.
Aseguró que cuando se invaden las funciones de los Organismos del Estado y se actúa con cierto activismo judicial se genera un desorden constitucional e inseguridad jurídica.
Molina también se refirió al tema de los amparos judiciales e indicó que el 80% de estos son espurios y se declaran sin lugar, mientras que hay un 20% que realmente representan violaciones flagrantes a los derechos de propiedad, al debido proceso y derecho de defensa, pero el problema es que duran mucho tiempo en primera instancia.
En tanto, Balsells señaló: “No todo tiene que acabar en la CC, pero esto se da porque las primeras instancias de todos los amparos es sumamente difícil indagar. No hay un seguimiento a los criterios, entonces el tema de la seguridad jurídica es un albur. Se debe revisar los criterios judiciales y seguridad jurídica”.
De igual forma, los entrevistados se pronunciaron sobre los fallos. Molina consideró que surge la conflictividad cuando las resoluciones se dan con base en aspectos ideológicos o de intereses particulares, porque se inician activismos que al final representan ciertos intereses.
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En ese sentido, mencionó que en la actual CC hay tres personas que no fueron electas por el pueblo, sino que fueron designadas, pero que con sus fallos están actuando con absoluto poder invasivo para ciertas instituciones.
“Hemos visto últimamente una Corte que invade funciones, que hay un retardo malicioso, donde se desmarcan de su función y crean políticas públicas de salud, carreteras, nombramientos y designaciones”, refirió el exmagistrado.
Asimismo, manifestó que “ha habido Cortes que en su integración fueron sumamente influenciadas”.
Y Balsells opinó que en todas las integraciones siempre hay rumores de que hay grupos de interés que influyen en el nombramiento de los magistrados, por lo cual se debe poner atención a qué es lo que hace cada una de esas personas designadas.
“Se dice que hasta temas religiosos prevalecieron para designar a determinados magistrados para esta y Cortes anteriores. Hay que cambiar la designación de la Corte de Constitucionalidad ya”, agregó el entrevistado.
Por ello, consideró que la CC se tiene que sentir fiscalizada por parte de la población, pues la justicia es un tema de todos.
Resoluciones
Los entrevistados se refirieron a los fallos emitidos en los últimos meses por parte de la Corte, incluyendo el caso de la minera San Rafael y el del retiro de una magistrada de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así como al caso Bitkov.
“La corte no se limita a corregir procedimientos, sino a tomar las decisiones y eso ya es invasión”, dijo Molina.
Mientras que Balsells manifestó: “Un tribunal constitucional que abuse o esté cooptado no le conviene absolutamente a nadie. Peleemos por nuestros derechos y discutamos a fondo el tema”.
Una de las resoluciones emitidas por la CC sobre la cual se conversó fue la relacionada con la suspensión de la Presidencia de una magistrada en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), bajo el argumento de que para la elección, ante la ausencia de un magistrado titular, el pleno se integró con uno de Sala.
Molina explicó que constitucionalmente esa es la forma de llenar la vacante, por lo cual haberle quitado la Presidencia fue algo irregular. Especialmente tomando en cuenta que poco tiempo atrás, un magistrado de la CC fue electo de la misma forma, con la integración de un magistrado suplente de sala porque no había titular, y no hubo problemas.
En el caso de la minera San Rafael, Balsells indicó que se están discutiendo dos derechos. Uno, el de la empresa que cumplió con los requisitos legales que se le exigió para establecerse en el país, y el otro del derecho de los pueblos originarios para ser consultados.
Recordó que la CC otorgó un amparo provisional que dejó en suspenso las labores de la empresa. Según él, fue un error haberlo otorgado si los magistrados iban a dar un giro jurisprudencial en este caso.
El integrante del Cedecon consideró que no se siguen los criterios que ya están establecidos hace tiempo para resolver. “Hay una moneda al aire donde se espera a ver qué se resuelven los magistrados”.
“Soy crítico en cuanto a suspender con órdenes provisionales los procesos productivos porque eso no es correcto, la empresa hizo lo que le exigieron”, dijo el abogado.
También resaltó que debe analizarse, por ejemplo, cómo fueron resueltos los últimos diez amparos en el tema de derecho de consultas para formar un criterio en el ámbito jurisprudencial de cómo se debería fallar en este caso.
Por su parte, Molina Barreto refirió que en Guatemala está regulado el uso de bienes comunes o nacionales, por lo cual los inversionistas “vienen con reglas claras y después encuentran esos problemas que hacen que no exista ninguna seguridad en el país” para desarrollar sus actividades.
Señaló que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) refiere que la consulta es un proceso de información, de diálogo y de poder confluir los intereses de las comunidades donde se desarrollan los proyectos, pero nunca una obstrucción al cumplimiento de la ley porque por ello están las licencias.
“Es inexplicable por qué no pueden dejarla trabajar (a la minera) y que hagan la consulta”, señaló.
E indicó que la empresa podría iniciar un proceso penal, aunque no específicamente por el fondo de lo que se va a resolver, sino por el “retardo malicioso” que se ha dado.
Por aparte, en el caso de la familia rusa Bitkov, Balsells dijo que la Sala Tercera resolvió un amparo y ordenó a la jueza sobreseer el caso, por lo cual consideró que esa Sala se puso un “tacuche” de Tribunal de Apelación y no respetó los límites, así que la CC sí actuó correctamente ordenando a la CC que razone sus resoluciones, más no le indica cómo resolver.
“Hemos convertido el amparo en una tercera instancia y eso no puede suceder”, refirió.
