Cacif pide agilizar el fallo para la mina San Rafael

El sector empresarial solicitó información sobre el proceso en que se encuentra el expediente en la Corte de Constitucionalidad.

Por Joel Maldonado

El atraso que ha tenido el máximo tribunal para resolver el caso de la mina San Rafael hizo que el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) se pronunciara.

De acuerdo con los empresarios, la Corte de Constitucionalidad (CC) lleva 266 días sin resolver y la mina está sin operar 378 días.

Marco Augusto García, presidente del Cacif, informó que se entregó un memorial para solicitar el nombre del magistrado ponente del caso, el número de ponencias a la Secretaría del pleno de la CC, como también cuantas veces se ha solicitado el retiro de las ponencias en la CC.

García resaltó la ausencia de certeza jurídica lo cual repercute en el crecimiento económico.

Piden transparencia

Los empresarios también solicitaron a la Corte que se entreguen los audios o videos en los cuales conste la presentación y retiro de las ponencias del pleno y se informe cuál es el estado administrativo actual del expediente.

De igual forma, solicitó a los magistrados que actúen con transparencia y respondan con precisión a las peticiones formuladas en el memorial entregado.

“Los plazos se han vencido y Guatemala necesita enviar mensajes claros de certeza jurídica en estos momentos, cuando la inversión y las oportunidades de desarrollo para los guatemaltecos se ven bajo una eminente amenaza”, expresó el CACIF en la conferencia de prensa brindada este miércoles.

El caso

La empresa minera ha indicado que debido a la suspensión de actividades desde julio de 2017 y por la “falta de certeza jurídica”, se ha visto obligada a tomar la decisión de retirar a los trabajadores.

En enero de este año se informó que fueron despedidas 250 personas, que significaban el 25 por ciento de su fuerza laboral.

Diferentes movilizaciones se han dado en el país en el marco de este caso, algunas de parte de extrabajadores que piden a las autoridades resolver pronto para que puedan regresar a la compañía y percibir ingresos económicos.

En tanto, pobladores de las áreas cercanas a donde opera la minera se han pronunciado a favor de que se suspendan definitivamente las actividades.

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