El procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, apeló ayer la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordena al Ministerio Público (MP) investigarlo a él y a la procuradora adjunta primera, Miriam Roquel Chávez.
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La acción del magistrado de Conciencia fue planteada ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y señala que el fallo violenta el ejercicio de su función.
En el memorial que el PDH presentó al tribunal constitucional se califica como una acción “lesiva a la función del PDH y de la procuradora adjunta primera” lo que se estipula en los considerandos tres y cuatro de la resolución de la CSJ, la cual fue emitida el pasado 30 de julio.
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Según la CSJ, Rodas habría violado la independencia judicial al intervenir y emitir una condena moral en contra del Organismo Judicial (OJ) por el retardo que se dio en la audiencia de primera declaración de los procesados en el caso “Manipulación de la justicia”, quienes para mayo tenían más de tres meses sin haber sido oídos por un juez.
Y se le ordenó no involucrarse en procesos judiciales que están en trámite.
El funcionario aclara que las sentencias que emite su despacho son de carácter moral o de conciencia, por lo cual carecen de poder coercitivo, como las que dictan los órganos jurisdiccionales.
Debe conocer denuncias
En conferencia de prensa Rodas explicó que, por el momento, la resolución de la CSJ es el máximo nivel de la cruzada que se entabló para sacarlo de su cargo.
Además, recordó que las acciones de desprestigio y legales entabladas en su contra comenzaron con el amparo que su despacho presentó para evitar que el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, fuera expulsado cuando el presidente, Jimmy Morales, lo declaró “non grato”.