La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, se refirió este miércoles a diferentes temas, incluido lo relacionado con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el retiro de visas americanas a guatemaltecos vinculados con posibles hechos delictivos y la situación de las familias migrantes en la frontera de EE. UU.
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Al ser consultada acerca del apoyo existente en Estados Unidos hacia la CICIG y la posibilidad de que el financiamiento dirigido a la comisión pueda verse afectado por las supuestas irregularidades en el caso de la familia rusa Bitkov, señalada en Guatemala en el caso Migración, Torres respondió:
“La Casa Blanca y las Cámaras del Senado y de Representantes hemos sido muy claros en nuestro apoyo para CICIG y este caso de la familia rusa desafortunadamente ha pasado y entiendo que el Gobierno de Guatemala quiere hacer unas posibles reformas a CICIG”.
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La congresista aseguró estar preocupada por el significado de esas posibles reformas a las que hacía referencia, pues se desconoce qué quiere decir eso, qué tipo de reformas serán y si estarán o no enfocadas en dar más apoyo a esta organización.
Sus declaraciones se dieron durante una entrevista en Emisoras Unidas, en donde resaltó que la CICIG ha sido participado en investigaciones que realmente la policía y la fiscalía en Guatemala no habría podido haber realizado solas, sino que necesitaban un respaldo.
A criterio de Torres, con acciones recientes de parte del Gobierno guatemalteco se está emitiendo un mensaje que no debería darse, pues pone en duda qué pasará con las personas que lleven a cabo acciones positivas para el país.
En ese sentido, criticó la decisión del Ministerio de Gobernación de retirar a 20 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), de los 45 que estaban asignados a la seguridad de la CICIG, al igual que los cambios en el esquema de seguridad de la exfiscal general Thelma Aldana, así como las posibles amenazas que el exdirector de la PNC, Nery Ramos, y su familia estarían recibiendo.
“Eso genera muchas alarmas. El mensaje que están mandando es que eso le espera a cualquier persona que esté tratando de investigar y participar en mejorar el gobierno en Guatemala, porque no tendrán el apoyo gubernamental”, dijo.
En referencia a Aldana, Ramos y el comisionado Iván Velásquez, señaló que son “personas que se han portado en forma heroica y han brindado cambios que han sido parte de la primavera chapina que ha pasado”, por lo cual mencionó la importancia de que haya respuestas de parte de las autoridades con relación a cómo los van a proteger y qué pasará con quienes los sustituyen o sustituirán en los cargos.
En una entrevista previa, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, aseguró que la reconcentración de agentes no se trató de una acción contra la CICIG, sino que fue parte de una respuesta para mejorar las tareas de seguridad ciudadana, tomando en cuenta que el mes de julio es el más violento de todo el año por el pago del Bono 14.
Añadió que fueron reconcentrados más de 80 agentes, no solo de la comisión, sino los que estaban asignados a otras entidades o personas, y que los 25 agentes que quedaron en la comisión, más el propio personal de esta, son suficientes para resguardar las instalaciones. Por aparte, negó que haya alguna persecución contra Ramos o sus familiares.
Ante ello, la congresista dijo que espera que Degenhart esté manejando este tema de manera informativa y no política, y que no haya un enfrentamiento contra CICIG, contra la fiscal o contra el exdirector policial.
Torres reiteró que el apoyo hacia la CICIG en el Congreso de Estados Unidos es bipartidista. “Se seguirá apoyando y vamos a seguir trabajando para fortalecer a esa institución, porque la corrupción no tiene un aliado y no solo afecta a republicanos o demócratas, sino a todos”.
Según Torres, CICIG ha sido clave en el tema de la lucha contra la corrupción en Guatemala. “Espero que no solo la administración del presidente Jimmy Morales, sino que futuros presidentes también sigan con una visión de que CICIG no es un enemigo, sino que es un aliado, no solo para el Gobierno, sino también para los ciudadanos”, indicó.
Aseguró además que la comisión es una organización que puede brindar apoyo a las autoridades guatemaltecas si realmente quieren un cambio y desean trabajar contra la corrupción y tener más transparencia, no solo en el tema de gobernabilidad, sino también en cómo manejan el presupuesto nacional.
Y continuó diciendo: “CICIG no está autorizado a hacer arrestos, el trabajo de esta es investigar. (Si) no quieren ser investigados, pues que no hagan delitos”.
Más visas serían retiradas
A inicios de julio, Estados Unidos por medio de su embajada en Guatemala informó que durante 2018 han sido revocadas por lo menos 24 visas de ciudadanos guatemaltecos que estarían relacionados con actividades delictivas.
“Esto es el principio, dos docenas para mí es el mínimo y van a haber muchas más”, refirió sobre este tema la congresista Torres.
Situación de familias migrantes
Torres dio a conocer que tuvo la oportunidad de visitar un albergue y centros de detención, así como una estación de proceso en la frontera de San Diego, California, y logró observar que la situación “sigue muy mal” para las familias que han sido detenidas, pues y muchos de los niños aún continúan separados de sus padres.
El motivo por el cual se ha complicado la reunificación es que no se llevó a cabo un proceso adecuado para captar los datos con relación a quiénes son los padres de cada uno de los menores, por lo cual se inició un proceso por medio de gobierno proceso de identificación por ADN, lo cual toma más tiempo.
“El tema de las familias es muy difícil en la frontera, mirar a niños que los tienen en una cárcel, una hielera con el airea acondicionado muy bajo, con ventiladores con aire muy fuerte. Cómo vamos a tratar así a un niño que está aquí en una frontera, no porque él decidió, sino porque sus padres decidieron que están viviendo una vida donde no tienen un futuro”, manifestó.
En ese sentido, aseguró que están peleando por solucionar la situación e ingresar las quejas que correspondan por medio del sistema legal de Estados Unidos para proteger a las familias.
En cuanto a la reacción de Guatemala ante esta política migratoria, Torres señaló que su “gran decepción fue el modo en el que inicialmente el gobierno de Guatemala se tardó tanto tiempo para hablar al gobierno americano y realmente pedir que el trato de estos niños fuera humano”.
A su criterio, las autoridades nacionales “no respondieron agresivamente como debieron haber respondido para calmar esta situación” en el país norteamericano.
Sin embargo, expuso que ya ha tenido la oportunidad de conversar con el embajador guatemalteco en Estados Unidos y él le ha indicado que realmente se está trabajando en el respaldo para los connacionales.