De acuerdo con el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Antonio Malouf, comentó que el máximo tribunal debe emitir el fallo cinco días después de realizarse la vista pública, la cual se llevó a cabo el 25 de octubre.
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Luego de 102 días de que la Corte Suprema de Justicia resolvió en definitiva el amparo planteado por Calas, la sentencia fue clara para permitir el reinicio de las operaciones de la mina, por lo que los magistrados de la CC como garantes de la constitucionalidad y de la democracia deben cumplir con los plazos de la ley y ser coherentes con sus propios fallos”, expresó Malouf.
Según estimaciones por el cierre de la mina el gobierno dejó de percibir Q1.1 millones en impuestos y regalías, lo cual también se refleja un impacto negativo para la economía como se observó en la baja a la calificación de riesgo país.
El empresario negó que dicho pronunciamiento sea una presión para los magistrados sino que piden que se cumplan con los plazos establecidos en la ley.
