PDH emite recomendaciones para las entidades que atienden a los afectados por la erupción

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, emitió una serie de recomendaciones dirigidas a las instituciones públicas que llevan a cabo los procesos para atender a los afectados por la erupción del volcán de Fuego, ocurrida el pasado 3 de junio.

Por medio de un comunicado, el magistrado de conciencia dio a conocer que ha llevado a cabo acciones de observación y supervisión en Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, así como albergues, hospitales y centros de acopio habilitados tras la emergencia.

En general, a las entidades les instó a organizar y ejecutar programas de orientación e información directa para los damnificados, con relación a los planes que se realizan para su reubicación.

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Asimismo, procurar la transparencia en el manejo de la ayuda humanitaria y establecer una Mesa Multisectorial de Recuperación.

Rodas hizo especial énfasis en cuanto a los plazos para que los pobladores permanezcan en albergues.

Resaltó la importancia de que se priorice la asistencia a los damnificados, tomando como base los plazos establecidos en la Guía de Gestión de Albergues en Situaciones de Emergencia, que señala que los albergues colectivos deberían tener vigencia de 72 horas; los temporales, de 30 días; y los de transición, podrían superar los dos meses.

En cuanto a la protección de la niñez, manifestó que debe requerirse a quienes laboran en los albergues la constancia del Registro Nacional de Agresores Sexuales (Renas).

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Otras recomendaciones

A la Policía Nacional Civil (PNC), le recomendó implementar plantes para brindar seguridad a la población albergada. Y a la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep), así como al Ministerio de Comunicaciones, que mantengan actualizado el registro electrónico de quiénes se encuentran en esos centros, estableciendo datos de etnia, género, edad y si presentan alguna discapacidad.

Al Ministerio de Salud, garantizar el abastecimiento de medicamentos para afecciones crónicas derivadas de la catástrofe y otras que puedan surgir por el hacinamiento. Y a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), reclasificar los insumos donados para un mejor control.

Finalmente, el Procurador expresó que, a su criterio, lo ocurrido representa para el Estado de Guatemala “el reto y la oportunidad de revisar y evaluar los protocolos interinstitucionales de actuación, para la efectiva prevención de desastres”.