Exembajador Julio Ligorría denuncia "persecución política" en su contra

Ligorría valoró como "un acto de justicia" que la Audiencia Nacional española denegara su entrega el 13 de junio pasado al no ver delito de blanqueo relacionado con una supuesta financiación electoral ilegal en la campaña presidencial de 2011 del Partido Patriota (derecha).

Por EFE

El exembajador de Guatemala en EE.UU., Julio Ligorría, periodo  2013-2015, denunció hoy que sufre una "persecución política sistemática", en alusión a la petición de extradición dictada contra él por las autoridades de ese país, y responsabilizó de ello a la "gestión" de la exfiscal general Thelma Aldana.

En una entrevista con Efe en Madrid, Ligorría valoró como "un acto de justicia" que la Audiencia Nacional española denegara su entrega el 13 de junio pasado al no ver delito de blanqueo relacionado con una supuesta financiación electoral ilegal en la campaña presidencial de 2011 del Partido Patriota (derecha).

"Hablo de persecución política porque -explicó- los dos casos que se me han imputado son absolutamente falsos y carecen de materia. Y, obviamente, la fiscal general (Aldana) estaba a cargo del ministerio público y es la principal responsable de cualquier gestión, aunque no haya sido ella directamente".

Según el exembajador, todo el caso se tramita desde la Fiscalía guatemalteca contra la impunidad. "No puedo señalar específicamente a alguien -matizó-, lo que sí puedo asegurar es que hay una persecución política real".

Ligorría, que también tiene nacionalidad española, se mostró "muy decepcionado" con Aldana y sorprendido de que anunciara que aspira a ser candidata presidencial a la semana de dejar el cargo, en mayo pasado.

Es legítimo y tiene derecho, "pero qué ha pasado -se preguntó Ligorría- con ese casi 95 por ciento de casos que ella persiguió y logró colocar ante el sistema de Justicia guatemalteca, personas que son de un signo político distinto al de ella. Del centro hacia la derecha".

"Desafortunadamente, la tentación de coludirse fiscales con políticos para quitar del camino a opositores o, sencillamente, obstáculos a intereses políticos inconfesables es lo que me ha tocado vivir a mí", justificó.

Aseguró que han pasado ocho meses desde que sus abogados pidieron la pruebas de la acusación "y no se las han entregado", cuando la Constitución de Guatemala establece que ese plazo debe ser de "24 horas".

Sobre la supuesta participación en financiación electoral ilícita, explicó que el gerente de la empresa América Móvil, para la que él trabajaba, "dio unas donaciones" y "se confesó culpable y pleno responsable del delito", pero dijo que Ligorría era su "asesor".

"Yo jamás le sugerí -se defendió Ligorría- que tenía que dar ningún dinero a nadie", pues era su asesor, no para eso, sino en la mediación de una negociación privada con una empresa competidora sobre unas demandas de doce años atrás que no se habían resuelto.

Preguntado por el expresidente Otto Pérez Molina (2011-2015), en prisión preventiva acusado de delitos de corrupción, Ligorría comentó que no puede asegurar si la Justicia está actuando bien o mal.

Matizó que podría decir que su percepción es que se han hecho bien las cosas, pero, al mismo tiempo, se fijó en su propio caso judicial y otros, "donde hay falsedad", un "direccionamiento político, un linchamiento mediático".

Sobre la catástrofe del volcán de Fuego de Guatemala, dijo que que no quería mostrarse como un "opositor" al Gobierno porque no tiene ningún rol político.

"Pero hemos sufrido en la distancia -añadió- ver la incapacidad y la mediocridad con que se ha aproximado a esta crisis" y la "miseria que afloró, la tristeza con la que vive Guatemala" porque "no se ha atendido la agenda social".

A todo esto le ve un lado positivo: "Los guatemaltecos tienen que aprender a elegir" y a no seguir las "promesas vacías de un candidato presidencial".

En cuanto a la política migratoria de EEUU, indicó que el presidente Trump ha "reforzado" algo que ya estaba así antes, en referencia a la separación de los hijos menores de los inmigrantes irregulares cuando son detenidos.

Esto tiene un "razonamiento" de derechos humanos, explicó, porque cuando uno llega ilegalmente es puesto a disposición de un tribunal para que se evalúe el caso, pero los niños no pueden entrar en prisión.

Si ahora Trump ha permitido la reunificación de las familias, es algo "formidable", pero "ojalá que no lleven a los chicos a la cárcel", dijo Ligorría.

"Evidentemente es gente que llega de manera ilegal, pero es la más vulnerable" y "no sé adónde nos puede llevar un discurso de muros ideológicos o de cemento", concluyó.

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