Denuncia de junta directiva contra Manfredo Marroquín divide a diputados

Varios congresistas se pronunciaron en contra de la decisión de la directiva.

Por Joel Maldonado

El hermetismo que ha manejado la junta directiva sobre la denuncia penal al representante de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, hizo que varios legisladores mostraran su postura para rechazar esa decisión porque no fue consensuada.

Luego de varias solicitudes de entrevista para conocer los argumentos del presidente del Legislativo, Álvaro Arzú Escobar, ofreció una conferencia sin responder a los reporteros.

“Revisando la papelería de las acciones que ha presentado en contra del Congreso se encontró que el nombramiento del señor Manfredo Marroquín tiene vicios y para no caer en omisión de denuncia se presentó la acción penal por la posible comisión de un delito. No se tratará en los medios de comunicación el tema para garantizar la presunción de inocencia”, fue lo único que mencionó Arzú Escobar.

En desacuerdo

La primera diputada en reaccionar al anunció de la junta directiva fue la diputada de Todos, Andrea Villagrán, al calificar el actuar de las autoridades como déspota que en nombre de los 158 diputados sin consentimiento previo y de manera arbitraria la denuncia.

Mientras que la representante de la bancada Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, enfatizó que Acción Ciudadana es una organización seria y ha apoyado al Congreso en varios temas, por lo que duda de la acusación que hizo la junta directiva.

“No debió haber sido una denuncia en nombre del Congreso, sin antes haber consultado con los jefes de bloque, sino tendrían que haber presentado un amparo por las resoluciones que ha logrado Acción Ciudadana”, agregó Montenegro.

También la bancada Convergencia rechazó la acción arbitraria e inconsulta emprendida por algunos diputados en nombre del Congreso.

“La bancada ve con preocupación estas acciones que debilitan la institucionalidad del Congreso y responden a intereses particulares”, expresa el comunicado de Convergencia.

Acción Ciudadana logró dos amparos provisionales sobre el nombramiento de la junta directiva del Congreso, por estar compuesta por tránsfugas y la anulación de los nombramientos de los presidentes de comisión legislativa y jefes de bloque que se cambiaron de partido político.

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