La procuradora General de la Nación, Annabella Morfín, dio a conocer este lunes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, los detalles del proceso que se sigue en el caso Odebrecht, que mantiene paralizados los trabajos en la carretera CA-2 Occidente.
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De acuerdo con la funcionaria, se integró una mesa interinstitucional desde septiembre del año pasado para abordar el tema, en la cual participan delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Ministerio Público (MP), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Contraloría General de Cuentas (CGC), con el objetivo de buscar una fórmula que permita salir de este problema.
La entrevistada confirmó que el caso de Odebrecht no es el único que genera situaciones de este tipo, y expresó: “Tengo que reconocer que hay muchísimos contratos que están en esa situación de falta de definición y que perjudican finalmente a la población”.
En ese sentido, detalló que hay temas que resolver, por ejemplo en los contratos de carreteras que tiene asignados la empresa Sigma. “Allí hay una serie de contratos que están pendientes de cumplimiento”, detalló.
¿Qué hacer?
La procuradora expuso que ya se han hecho los análisis del tema, tras los cuales se concluyó que si no se reforma la Ley de Contrataciones del Estado, no se puede resolver esos casos sin procesos administrativos.
Según dijo, con la legislación actual, “si no hay voluntad del contratista, poco o nada puede hacerse”, por lo cual la institución está elaborando una propuesta de iniciativa de ley enfocada en resolver esa temática, la cual enviará al Congreso.
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Lo que se está proponiendo es que, si un contrato a partir del incumplimiento no se resuelve en un plazo de seis meses, la autoridad gubernamental tenga la posibilidad de liberarse de ese compromiso, independientemente de las consecuencias que se tengan dentro de lo contencioso administrativo, y así pueda convocarse a un nuevo evento.
Según la ley de Contrataciones, hay un procedimiento establecido para liquidar un contrato, pero como en el caso Odebrecht, que se resistían a entregar las fianzas correspondientes, los tiempos se extienden.
“La tesis de la Contraloría es que no se puede celebrar un contrato sobre otro. La liquidación puede llevar 3, 5 o 10 años, depende de la actitud del contratista”. “Hay contratos de Sigma que tienen pendiente de liquidación desde hace más de 20 años, manifestó.
Por ello, Morfín consideró que se debe regular el procedimiento mediante el cual se pueda liberar un contrato y el Estado está en condiciones de generar uno nuevo y generar, por ejemplo, la carretera que se necesita.
