El diputado Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), fue consultado en el programa A Primera Hora sobre los detalles de la reunión con en la ONU, que filtró el diario El Periódico.
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#NACIONALES Documento filtrado describe reunión entre Secretario de ONU y Canciller sobre @CICIGgt e @Ivan_Velasquez_ https://t.co/NDoI2NeIvE pic.twitter.com/XNaBDllreu
— Publinews Guatemala (@PublinewsGT) February 7, 2018
Según indicó el parlamentario, la canciller Sandra Jovel “está muy en lo correcto”, pues a su criterio el comisionado Iván Velásquez se ha extralimitado en sus funciones.
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“En el Congreso hemos sido víctimas de presión desmedida desde el palco diplomático en cuanto a las reformas constitucionales”, manifestó, y señaló que esto proviene de la fiscal general Thelma Aldana y el jefe de la CICIG.
Asimismo, indicó que por parte del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala existe una persecución selectiva y que se viola la presunción de inocencia. Agregó que algunos de sus compañeros se han puesto a disposición de los tribunales y pese a ello han sido detenidos en operativos para “hostigarlos y humillarlos”.
El congresista aseguró que existen abusos en cuanto a la aplicación de la prisión preventiva, y aunque reconoció que este tema no depende directamente de la CICIG, señaló que “existe presión” de parte de Velásquez contra los jueces para que actúen de esa manera.
“La CICIG es muy poderosa y presiona a los jueces, ellos no quieren problemas y comprometen su independencia. No son los jueces, es la presión de Velásquez para que les den prisión preventiva”, resaltó.
Por su parte, el diputado de Winaq, Amílcar Pop, señaló que “lamentablemente la justicia ha estado cooptada por fuerzas y poderes corporativos”, representando intereses empresariales, militares y de quienes ejercen en un momento dado una cuota política.
“La CICIG vino a desestabilizar esa lógica corporativa de la justicia y me parece importante y un paso trascendental en el país”, añadió.
De acuerdo con el legislador, se fijó una posición de preocupación del Gobierno y de las personas, pues no se trata de una posición del Estado guatemalteco.