"Si el Estado español entendiera que lo mejor para todos es que el debate se celebre con normalidad, creo que daría un paso de gigante", dijo en rueda de prensa Carles Puigdemont, urgiendo a Madrid a retirar "todos los elementos que impiden la normal celebración del pleno".
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El presidente del Parlamento catalán, el también independentista Roger Torrent, ultima los detalles de la sesión de investidura del presidente regional que debe celebrarse antes del 31 de enero y en la que Puigdemont, acusado por la justicia española de rebelión, es el único candidato.
La incertidumbre planea sobre si el presidente catalán cesado por el gobierno español a fines de octubre tras una declaración de independencia fallida se presentará en persona al debate de investidura ante la cámara situada en Barcelona.
Puigdemont, que apuntó a "muchas posibilidades" diferentes, precisó que la "investidura presencial" es la "ideal". "Hemos hablado de la investidura y él no me ha descartado la posibilidad de que sea presente", agregó por su parte Torrent.
¿Investidura a distancia?
Si regresa a España, el depuesto líder catalán se arriesga a ser detenido y enviado a prisión, al igual que los otro cuatro diputados electos instalados en Bélgica e igualmente acusados de rebelión, sedición y malversación por su papel en la declaración de independencia.
Ante un eventual regreso, Madrid anunció que no escatimará medios para impedir su entrada en el Parlamento, incluso si lo intenta "en el maletero de un coche", en palabras del ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido.
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La otra posibilidad en la que trabajan el partido Juntos por Cataluña (centroderecha) de Puigdemont es una investidura a distancia, algo que los servicios jurídicos de la cámara regional consideran ilegal y un movimiento que Madrid ya anunció que impugnaría.
En declaración a la radio Onda Cero, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, precisó que recurrirían concretamente "la decisión de la mesa que diga que el señor Puigdemont" puede "comparecer a través de una televisión" ante el pleno.
La actuación de Madrid, que activó en octubre el Artículo 155 de la Constitución para hacerse con el control de la región, recibió de nuevo este miércoles el respaldo del rey Felipe VI, quien desde Davos advirtió que "los desacuerdos políticos" deben resolverse de acuerdo al "marco legal" español.