Este martes se desarrolla una audiencia en el Tribunal Décimo Tercero, en seguimiento al caso conocido como Botín Registro de la Propiedad.
En la “megasala” del Organismo Judicial, se reanudó el debate y se espera conocer si la exregistradora de la Propiedad, Anabella de León, dejará o no la prisión.
El pasado 19 de diciembre, los jueces le otorgaron arresto domiciliario y una fianza de Q300 mil a la exfuncionaria; sin embargo, no pudo gozar de la medida sustitutiva ya que el Ministerio Público (MP) presentó un recurso de reposición.
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La acción legal se está conociendo hoy. El fiscal Carlos de León se opuso a la libertad condicional y argumentó que De León “intimidó” a los testigos.
En la “megasala” del @OJGuatemala se reanuda el debate del caso #BotínRegistroPropiedad.
— Jerson Ramos (@JRamos_PN) January 9, 2018
El fiscal Carlos de León se opone a la libertad condicional que le otorgaron dos jueces a la exdiputada Anabella de León en diciembre de 2017.
Hoy podría dejar la cárcel.
Vía @PublinewsGT pic.twitter.com/5dEQ0wvNWc
Además de De León, fueron beneficiados con una medida sustitutiva Samantha Mejía y Edwin Ariel García.
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Señalamientos
La exregistradora enfrenta debate oral y público por el delito de peculado por sustracción en forma continuada.
Según investigaciones del MP y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), durante la administración de esta funcionaria, se autorizaron 16 plazas “fantasma” por las cuales el Registro General de la Propiedad habría desembolsado Q3 millones.
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#NACIONALES Anabella de León se emociona al enterarse que podrá pasar Navidad en casa. https://t.co/HDu7CnCfF7 pic.twitter.com/yF6HOa1sqH
— Publinews Guatemala (@PublinewsGT) December 19, 2017
De igual forma, supuestamente se pagaron de forma anómala Q300 mil por concepto de servicios y montajes de banquetes, los cuales en realidad nunca se llevaron a cabo.
En este caso también están procesados José Manuel Morales y Samuel Morales, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, respectivamente, por el delito de fraude.
Estas personas estarían involucradas en la emisión de cotizaciones y facturas para respaldar las compras irregulares.