Julio Antonio Juárez Ramírez, diputado oficialista de Guatemala; Roberto José Rivas Reyes, presidente del Consejo Electoral Supremo (CES) de Nicaragua; y el empresario dominicano Ángel Rondón Rijo, figuran entre los individuos y entidades sancionados por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.
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Las medidas fueron tomadas bajo la Ley Magnitsky de Responsabilidad Global de Derechos Humanos, aprobada el año pasado.
"Hoy, Estados Unidos toma una posición firme contra el abuso de los derechos humanos y la corrupción a nivel mundial al excluir a estos malos actores del sistema financiero estadounidense. El Tesoro congela sus activos y denuncia públicamente los atroces actos cometidos", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.
Las medidas implican el congelamiento de los activos que los sancionados tengan en Estados Unidos, así como la prohibición a personas naturales y jurídicas estadounidenses de hacer transacciones comerciales o financieras con ellos.
El diputado Juárez es señalado de ordenar un atentado en el que dos periodistas fueron asesinados y otro resultó herido en Guatemala. Rivas, en tanto, es acusado de corrupción y "fraude electoral" en Nicaragua. Rondón también fue incluido en la lista por hacer llegar dinero a funcionarios dominicanos a cambio de concesiones de construcción, en el marco del escándalo de Odebrecht.
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Además de los tres latinoamericanos, fue sancionado un general birmano, Maung Maung Soe, acusado de liderar una campaña de depuración étnica contra los rohinyás.
"Estados Unidos continuará buscando consecuencias tangibles y significativas para quienes cometen graves abusos contra los derechos humanos y se involucran en corrupción", aseguró el secretario de Estado, Rex Tillerson, al saludar la implementación de esta ley.
