Con el objetivo de desarticular una estructura criminal dedicada al contrabando de cigarrillos, el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) realiza este miércoles un operativo en cuatro departamentos del país.
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Se trata de 35 allanamientos, los cuales se desarrollan en Izabal, Quiché, Petén y Chiquimula, y son dirigidos por la Fiscalía de Delitos Económicos.
La organización ingresaba al territorio guatemalteco el producto por vía marítima sin ningún tipo de documentación de soporte o pago de impuestos, indicaron las autoridades.
Son 35 órdenes de aprehensión las que se pretenden ejecutar. Hasta el momento han sido capturadas 20 personas, incluidos cuatro militares.
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Desde Belice
Julia Barrera, portavoz del MP, explicó que la investigación en este caso se inició en 2015 tras recibir una denuncia sobre la posible existencia de una red delictiva que ingresaba al país producto de marcas extranjeras sin seguir los procesos legales para ello.
“La estructura operaba principalmente en Izabal. Ingresaba cigarrillos de contrabando desde Belice hacia Guatemala, realizando el traslado vía marítima durante la noche en lanchas rápidas”, explicó.
El modo de operar consistía en que personas dedicadas a vender ilegalmente cigarrillos contactaban al cabecilla de la estructura y le pedían producto; a su vez, este pedía a sus contactos de origen beliceño que compraran y trasladaran la mercancía desde ese territorio hacia el país.
La mercancía era descargada en Izabal y distribuida para ser comercializada en diferentes negocios, incluidos mercados y tiendas de barrio de diferentes departamentos del país, El Salvador y Honduras, informó la Fiscalía a cargo del caso.
De acuerdo con las pesquisas, solo en un año, en el período de 2015 a 2016, la organización hizo por lo menos 39 viajes en lancha, y en cada uno ingresó al territorio guatemalteco 500 cajas de cigarrillos, cada una con 5 millones de unidades.
Riesgos para la salud
Según informaron las autoridades, los cigarrillos eran trasladados en condiciones inadecuadas, lo cual puso en riesgo la salud de los consumidores.
El producto tenía presencia de hongos y moho y no contaba con los controles y registros sanitarios.
