MP presenta acusación contra 33 sindicados en el caso Construcción y Corrupción

El Ministerio Público (MP) presentó este miércoles en el Juzgado de Mayor Riesgo D la acusación formal contra las 33 personas sindicadas en el caso “Construcción y Corrupción, los negocios del Micivi”.

El fiscal Carlos Vides acudió a la referida judicatura, que dirige Ericka Aifán, y entregó cientos de documentos que sustentan los señalamientos.

Según explicó, la acusación tiene 1 mil 548 medios de investigación documentales y 718 medios de prueba material, que incluye correos electrónicos, computadoras, entre otros.

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En este proceso, a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), se estaría solicitando la apertura a juicio por procedimiento común para 24 de estas personas, mientras que para las otras 9 se pediría un procedimiento abreviado debido a que están dispuestas a aceptar que cometieron los hechos ilícitos.

Juicios abreviados

Los procesados que podrían enfrentar un procedimiento abreviado son:

1. Álvaro Mayorga Girón
2. Juan Luis Tejada Argueta
3. José Luis Rodrigo Agüero Urruela
4. Raúl Eduardo Alvarado Cuevas
5. Rafael Ángel Díaz Fion
6. Rafael Ángel Díaz Samos
7. Jesús Augusto García Ibáñez
8. Pedro Luis Ramón Rocco Arrivillaga
9. Allen Robert Krebs Wickfors

Estas personas son sindicadas del delito de cohecho activo. Y según la FECI, en los juicios abreviados estarían aceptando la culpabilidad por haber pagado millones de sobornos al prófugo Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones.

El fiscal Vides señaló que pedirán la pena mínima, de 5 años de prisión, y que paguen Q500 mil, que es lo máximo de multa establecida en el Código Penal. Asimismo, los procesados se estarían comprometiendo a resarcir al Estado, para lo cual construirá y repararán tramos carreteros.

El caso

Según investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una estructura delictiva liderada por Sinibaldi habría obtenido dinero de forma ilícita, por medio del cobro de sobornos a empresarios a cambio del pago de deuda de arrastre y de que se les otorgaran nuevos contratos en la cartera de Comunicaciones.

La red criminal habría utilizado empresas “de cartón” para recibir esos fondos y para financiar la campaña electoral del Partido Patriota.