Este martes fue intervenida la empresa Desarrolladora Internacional, S.A. (DCI) por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), luego de que se detectó una defraudación por más de Q1 mil millones de impuestos.
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La medida precautoria fue autorizada por el Juzgado Octavo Penal, ya que se presume que dicho comercio utilizaba empresas falsas para simular gastos y reducir el pago de tributos.
La SAT también comentó que se embargo de cuentas bancarias y arraigos a otros empleados, por lo que la Intendencia de Asuntos Jurídicos continua los procesos administrativos y jurídicos para recuperar los ingresos evadidos.
Pronunciamiento de DCI
Ante estas acciones judiciales realizadas por las autoridades, la empresa emitió un comunicado oficial:
Nuestra empresa es respetuosa de la ley y las decisiones judiciales. Desde el inicio de la investigación fiscal y penal, por un supuesto caso de defraudación tributaria, DCI ha colaborado en todo momento con las autoridades de la SAT y del Ministerio Público, aportando, incluso de manera proactiva, información contable, financiera y de funcionamiento interno de la empresa.
A lo largo de todo este proceso, nuestro interés ha sido el de apoyar a las autoridades judiciales a la averiguación de la verdad, en la búsqueda de justicia y en apoyar con la identificación y posible sanción de aquellas personas que pudieron haber violentado la ley.
Desde casi el inicio de la investigación del presente caso, DCI fue objeto de embargos por cantidades cuantiosas; por lo que consideramos que la intervención judicial y la ampliación de los montos embargados a DCI no se justifican en esta fase del proceso, más cuando la empresa ha colaborado activamente en la investigación, y ha actuado de buena fe, sobre todo considerando que no existe decisión judicial a firme alguna que establezca una obligación tributaria para la compañía.
Así como hemos apoyado con el desarrollo de la investigación, hemos realizado múltiples llamados a que se respete el debido proceso, los derechos y garantías constitucionales y de presunción de inocencia. Precisamente ante posibles transgresiones a garantías constitucionales y procesales que nos asisten como persona jurídica, desde hace varios meses hemos presentado recursos de amparo y recursos de inconstitucionalidad, para que se garantice el debido proceso y los derechos constitucionalmente reconocidos.
DCI solicita a las autoridades correspondientes que se garantice el respeto a los principios del debido proceso, y se respete el principio de proporcionalidad en la utilización de recursos judiciales".
