Desde finales de agosto, la ONU ha acusado a Birmania de perpetrar una “limpieza étnica” de musulmanes rohinyás, que viven en el estado de Rakáin.
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La premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, que compareció junto a Rex Tillerson, negó por su parte “haber guardado silencio” sobre esta tragedia, mientras que la comunidad internacional la critica por no haber defendido a esta comunidad musulmana perseguida en Birmania.
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En respuesta a una serie de ataques de la rebelión rohinyá, el ejército birmano llevó a cabo una campaña de represalias en Rakáin.
Los más de 600 mil refugiados que huyeron a finales de agosto a Bangladés, la mitad de los cuales niños, dieron cuenta de abusos, violaciones o asesinatos por parte de los soldados birmanos.
Desde entonces, algunos países y organizaciones de defensa de los derechos humanos exigen que se impongan nuevas sanciones a Birmania.
“Las sanciones económicas globales no son algo que recomendaría de momento”, indicó el secretario de Estado norteamericano tras haber mantenido sendos encuentros con la dirigente Aung San Suu Kyi y con el jefe del ejército birmano.
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Hasta ahora, Estados Unidos, como otros países occidentales, se ha limitado a reforzar algunas medidas punitivas contra el ejército birmano.
Declarándose “preocupado por las informaciones creíbles de las atrocidades cometidas a gran escala por el ejército y las milicias”, pidió que se ponga en marcha una comisión de investigación independiente que “sería útil a todo el mundo”. Las milicias budistas ultranacionalsitas han sido acusadas de secundar al ejército en sus abusos.
“Sabemos que lo que ha pasado en el estado de Rakáin presenta varias características de crímenes contra la humanidad. En cuanto a si si se trata de una limpieza étnica, seguimos evaluando” la situación, afirmó.
Los rohinyás constituyen la mayor población apátrida del mundo desde que se les retirara la nacionalidad birmana en 1982, bajo el régimen militar.
No tienen documentos de identidad y no pueden ni viajar ni casarse sin autorización, ni tampoco acceder al mercado de trabajo ni a servicios públicos como las escuelas o los hospitales.
