Organizaciones sociales alertaron este jueves sobre varios casos de conflictividad y violaciones a los derechos humanos en la región indígena maya-ixil, en el norte del país.
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Los activistas advirtieron en un informe sobre el creciente número de agresiones a defensores de derechos humanos que se oponen a megaproyectos y sobre denuncias de violencia intrafamiliar contra mujeres en varios municipios que integran la región ixil, en el departamento de Quiché.
El área ya fue escenario de matanzas indígena en los años 1980, en el marco de la guerra civil (1960-1996).
Denuncian presiones
Juana Baca', integrante de la Red de Mujeres Ixiles, dijo a periodistas que el reporte, realizado entre agosto de 2015 y julio de 2016, destacó que existen "tensiones" por la remilitarización en la zona ante el rechazo a la construcción de hidroeléctricas sin tomar en cuenta la opinión de la población.
También dijo que hay presión de grupos paramilitares y denunció que en setiembre de 2015 fue asesinado el guía espiritual Sebastián Córdova, férreo opositor a proyectos mineros y testigo en el proceso por genocidio contra el general Efraín Ríos Montt, jefe de Estado entre 1982 y 1983.
Señaló además deficiencias en los sistemas de salud, agua potable y drenajes, entre otros servicios básicos de la región.
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Piden investigar
La Red de Mujeres y el Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), que también formó parte del estudio, instaron a las autoridades a iniciar una investigación sobre las violaciones a los derechos humanos para "poder vivir mejor y tener más tranquilidad" en la región.
Juicio por genocidio
Ríos Montt enfrenta un juicio especial por las matanzas ocurridas en la zona, según un informe presentado en 1999 por la Comisión de Esclarecimiento Histórico, auspiciada por la ONU.
El militar retirado, de 91 años, fue diagnosticado con demencia por lo que su juicio se desarrolla a puerta cerrada. De ser hallado culpable del asesinato de 1 mil 771 indígenas, no irá a la cárcel sino que será recluido en su residencia o en un hospital.
Ríos Montt fue condenado en 2013 a 80 años de cárcel por genocidio, pero la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia por errores en el proceso y ordenó repetir el juicio.
