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Defensa de Pérez Molina presenta acciones legales en el caso La Línea

Dos acciones legales interpuestas hoy por la defensa del expresidente Otto Pérez Molina detuvieron el ofrecimiento de las pruebas en el caso La Línea.

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Miguel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, fijaría la fecha para que la Fiscalía, los querellantes y sindicados en ese proceso presentaran los elementos probatorios, luego de que el pasado viernes fueran enviadas a juicio 28 personas, entre ellas Pérez y la ex vicemandataria Roxana Baldetti.

Sin embargo, César Calderón, abogado del exgobernante, explicó que la audiencia quedará suspendida por las dos apelaciones que presentó, hasta que las conozca y resuelva una Sala.

Sala deberá resolver

Calderón recordó que anteriormente se presentó una acción por la declinatoria, la cual fue resuelta por el juez Gálvez hasta el final de la etapa intermedia.

En cuanto a las apelaciones planteadas hoy, expresó que una es por la cuestión prejudicial y otra por una excepción.

“Entonces se acumularán a otras apelaciones que hemos presentado, de tal manera que tendrán que subir a una Sala para que esta resuelva”, indicó.

El profesional del derecho manifestó que el ofrecimiento de pruebas quedará suspendido porque Gálvez explicó el viernes que no iba a entrar a conocer la audiencia hasta que la Sala resolviera si daban con lugar o no la primera de las acciones; y ahora también se deberán resolver las demás.

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Abogado defensor de Otto Pérez Molina presenta acciones legales en el caso La Línea Abogado defensor de Otto Pérez Molina presenta acciones legales en el caso La Línea

A juicio

El juez Gálvez envió a juicio a 28 personas por supuestamente tener vínculos con la estructura de defraudación denominada "La Línea".

Pérez Molina y Baldetti enfrentarán debate oral y público por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito.

Este caso salió a la luz en abril de 2015, cuando el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron los resultados de investigaciones en las cuales se estableció la posibilidad de que empresarios y funcionarios de Gobierno cometían ilícitos en las aduanas.

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