El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, señaló hoy que el Ministerio Público (MP) ya estableció el monto de los sobornos que supuestamente habrían sido pagados por la empresa Odebrecht en Guatemala.
PUBLICIDAD
El fiscal detalló que no podía revelar mayores detalles, tomando en cuenta que la investigación está en desarrollo.
Sandoval explicó que el hecho de que a nivel internacional se haya publicado datos relacionados con investigaciones de Odebrecht, generó cierta presión en el MP ya que la población señalaba que por qué otros países tenían datos y resultados y la institución guatemalteca no.
“Estados Unidos publicó datos de corrupción en otros países, ellos tenían información general”, explicó; sin embargo, aclaró que el MP debe investigar lo relacionado con lo ocurrido en el país y no a nivel general, pues se debe tomar en cuenta que las particularidades de la negociación de cada contrato son distintas.
En cuanto a cómo se desarrolla la investigación de este tema, el jefe de la FECI aseguró que esta continúa avanzando y que esperan establecer si funcionarios guatemaltecos fueron obligados a actuar de cierta forma o hubo alguna presión hacia las autoridades o la entidad brasileña.
“Se ha trabajado intensamente, se ha tratado de obtener la información objetiva. Hemos podido establecer una cifra de sobornos que en su momento van a ser dados a conocer”, resaltó.
CIV denunció
El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Aldo García, señaló que cuando la cartera determinó que no se podía continuar con el contrato con la referida constructora presentó las denuncias correspondientes en el MP.
PUBLICIDAD
Asimismo, explicó que el contrato es de carácter administrativo y que tomó el componente legal cuando se procedió a denunciar y se generó un caso.
García señaló que las denuncias se plantearon contra Odebrecht y exfuncionarios “por haber modificado un contrato que a juicio nuestro debió haberlo hecho el Congreso y no ellos”.
Proceso a seguir
Según el ministro, el contrato debe liquidarse por la vía administrativa, para lo cual la ley establece formar una junta liquidadora que analizará el tema de los pagos realizados y los avances en el proyecto que tenía asignado Odebrecht, así como los pasos a seguir después de que se conozcan esos datos con exactitud.
“Se decidió hacerlo ahora porque mientras no se liquide administrativamente el contrato, el tramo que va de San José El Ídolo hacia Tecún Umán no se puede trabajar porque estaría en posesión de la empresa, ya que aunque esté suspendido el contrato, seguiría vigente”, añadió.
En ese sentido, dijo que la Contraloría General de Cuentas es clara y si ahí hay un contrato, no se puede contratar a otra empresa para trabajar la misma área.
De acuerdo con García, hasta ahora está contabilizado que se le pagó al menos 150 millones de dólares a la constructora brasileña, pero en el proceso de liquidación administrativo se determinará la cifra exacta. “El resto es lo que se reclama como no pagado o indemnización”, dijo.
Asimismo, García aclaró que el pago se hizo en administraciones pasadas, "esta administración no ha pagado nada”, manifestó.
