La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentará en los próximos meses un informe que incluya las políticas públicas y reformas jurídicas e institucionales necesarias para erradicar los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) y prevenir su reaparición.
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El anuncio lo hizo hoy el titular de la CICIG, Iván Velásquez, durante la presentación del décimo informe de labores de esa comisión.
El comisionado detalló que se realizará el documento “aprovechando la experiencia y conocimiento profundo” que ha adquirido en estos años de permanencia en el país; y explicó que este tendrá además una breve justificación de cómo cada tema incide en la “captura y cooptación del Estado”.
Temáticas
Son varios temas los que forman parte de “una extensa lista”, como la calificó Velásquez, que se deben atender para que contribuyan a la modernización del Estado y a su verdadero fortalecimiento institucional.
El comisionado se refirió a algunos de estos:
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- La reforma constitucional del sistema de justicia y órganos de control como la Contraloría General de Cuentas.
- Ley Electoral y de Partidos Políticos.
- Ley de Compras y Contrataciones.
- Ley de Servicio Civil.
- La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
- Ley en materia de Antejuicio.
- Sistema Penitenciario.
- Fortalecimiento de carreras profesionales, entre lo cual incluyó la revisión del control, supervisión y contenidos en la formación de abogados y el funcionamiento de las facultades de Derecho.
- "Un completo y estricto régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de interés de servidores públicos que incluya la inhabilidad permanente cuando cometan delitos contra el patrimonio del Estado".
- Nuevo Código Penal "que consagre de mejor manera los aspectos medulares de los delitos y defina adecuadamente los tipos penales. Además, que establezca una escala penológica proporcional y coherente y elimine la dispersa consagración de delitos en leyes de todo orden".
- La adopción de un nuevo Código Procesal Penal que modernice los procedimientos y regule la detención preventiva en centros de reclusión y residencias, las medidas sustitutivas y la libertad provisional, así como la ejecución de la pena dentro y fuera de las prisiones. Ello “con clara sujeción a la Constitución Política y al derecho internacional de los derechos humanos”, resaltó Velásquez.
