Una de las principales peticiones que se han expresado de parte de los ciudadanos que han participado en las masivas movilizaciones de los recientes días, es la necesidad de reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Acerca de este tema se conversó hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
Como invitados en cabina participaron César Sigüenza, miembro de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL); Javier Monterroso, licenciado en ciencias jurídicas; y Estuardo Gamalero, magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Mientras que por la vía telefónica se conversó con el diputado Oscar Argueta, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien preside la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso; y Martín Rodríguez, director de Nómada.
Los entrevistados coincidieron en la necesidad de que se modifique la referida ley para que puedan generarse cambios en el país, y consideraron que esta crisis política que se vive en el país debe verse como una oportunidad para corregir los problemas que afectan el país.
A criterio de Gamalero, al hablar del tema electoral se debe tomar en cuenta que el sistema se constituye por procesos, personas y leyes; y, a su criterio, el problema de fondo son las personas y no necesariamente existe un problema legal, aunque con ello no descartó que deba reformarse ese decreto.
Mientras que Monterroso expuso que la plaza ha expresado tres demandas claras. Estas son: la renuncia de los diputados que aprobaron los decretos para reformar el Código Penal, la dimisión del presidente Jimmy Morales y la reforma del sistema de partidos políticos.
Y expuso que hay varias leyes importantes que han sido aprobadas por el Congreso en situaciones críticas, entre estas mencionó la de Acceso a la Información y la de Comisiones de Postulación. E indicó que la coyuntura actual es favorable para modificar el tema electoral.
¿Qué debe incluirse en las reformas?
Además, citó estos aspectos:
- Postulación de candidatos uninominales o por medio de listas semi abiertas para la elección de diputados.
- Fortalecer la democracia interna de los partidos políticos. “Que las asambleas sean el primer filtro y los que le jalen las orejas a sus candidatos”.
- Creación de subdistritos electorales de manera que, como actualmente, el distrito no lo constituya simplemente el departamento, sino que haya distritos más pequeños.
- Creación de comités cívicos para efectos de elección de diputados, de la misma manera como funciona la elección de alcaldes.
- Generar un proyecto en donde el número de afiliados para conformar un partido político no tenga exageración de personas, sino que sea bastante inferior para que no se les limite a las personas el poder participar.
- Creación de partidos departamentales, es decir, que tengan rol y existencia únicamente dentro de los departamentos.
En tanto, Monterroso explicó que el techo para crear nuevas instituciones políticas en Guatemala es uno de los más alto en la región, siendo de 25 mil afiliados, mientras que en países como España es de 5 mil, resaltó.
Mientras que Sigüenza afirmó que mientras más fácil sea que participen los ciudadanos en política y que así los partidos legítimos puedan entrar, el sistema estará menos "cooptado por la política vieja”.
Y aseguró que debe existir un TSE fortalecido e independiente, sino no se podrán aplicar las leyes de forma adecuada.
Con relación a ello, el diputado Argueta afirmó que en la Comisión están dispuestos a bajar los requisitos de entrada para nuevos partidos políticos. “Creemos que es importante que la ciudadanía se involucre en política de manera directa”, resaltó.
¿Quiénes deberían plantear las propuestas de reformas?
A criterio de Monterroso, esta coyuntura está siendo favorable para aprobar cambios a la ley; sin embargo, consideró que con los actuales diputados “no hay condiciones de certeza y credibilidad para tener la probabilidad de que vayan a aprobar algo bueno”.
En ese contexto consideró que de haberse aprobado una ley electoral, de acuerdo con lo que planteaban algunos diputados en los audios que salieron a la luz meses atrás, habría sido una situación “terrible” porque se quería tener un TSE "sin dientes".
Señaló que actualmente continúa siendo la misma comisión legislativa la que conocería el tema, y que algunos de sus integrantes votaron a favor de la aprobación de las reformas al Código Penal, ante lo cual se cuestionó “cómo confiar en este Congreso”.
Mientras que el parlamentario Argueta calificó los audios como una “sarta de mentiras que publicó Nómada”.
A lo cual Martín Rodríguez, director de ese medio, señaló que el parlamentario mintió “descaradamente” hoy al rechazar lo que está plasmado en las grabaciones.
A opinión de Monterroso, la propuesta a la Ley Electoral debe surgir de un amplio diálogo entre actores con legitimidad.
“La legitimidad es tan débil y frágil, que para mí el Congreso perdió legitimidad para discutir estas cosas. La legitimidad no se da solo con votos, se llega a ella con votos, pero se debe mantener”, resaltó Monterroso.
Y, a criterio de Sigüenza, Atal ha analizado diferentes estudios con relación al sistema electoral del país y ha concluido en dos aspectos primordiales: el sistema guatemalteco no tiene representatividad y legitimidad, es decir que los funcionarios electos no representan a la gente que los eligió; y la democracia no funciona y es inviable.
Sigüenza consideró que el borrador de la propuesta de las nuevas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos debe ser planteado por la ciudadanía.
Según opinó, no se debe esperar que el Congreso haga el texto, pues “no hay legitimidad ni credibilidad” para que los diputados elaboren ese borrador.
Con relación a lo planteado por los expertos, el diputado Oscar Argueta, detalló que no se puede asegurar que los legisladores ya no tienen legitimidad solo porque se aprobaron las normas relacionadas con el Código Penal, es una “falacia ad hominem, pues no pueden por una acción deslegitimar todo un trabajo”, resaltó.
Añadió que el Congreso estaba cumpliendo su función de legislar al aprobar las modificaciones sobre el tema de financiamiento electoral ilícito y la conmutación de penas, pues explicó que los artículos actuales acerca del financiamiento están mal redactados, y acerca del otro aspecto, afirmó que en lo aprobado había restricciones que permitían a los jueces analizar la peligrosidad de los condenados para aplicarles una conmutación.