La titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, Ericka Aifán, dio a conocer este viernes su resolución acerca de las medidas de coerción para los sindicados en el caso conocido como "Construcción y Corrupción, los negocios del Micivi".
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Tras dos días de argumentación, la juzgadora resolvió ligar a proceso penal a los 28 señalados. Además, dictó arresto domiciliario para 16 personas, mientras que las 12 restantes fueron enviadas a prisión preventiva.
De igual forma, a algunos de los sindicados se les impuso fianzas de entre Q300 mil y Q500 mil.
Aifán fijó un plazo de tres meses al Ministerio Público (MP) para que realice la investigación y programó la audiencia de etapa intermedia para el 11 diciembre.
Prisión preventiva
Las personas que deberán permanecer en prisión preventiva son:
- Aneliese Herrera Monterroso
- José Yupe Ramírez
- Juan Jegerlehner Morales
- Douglas Paredes Álvarez
- Carlos Presa Aguirre
- Juan Solórzano Henkle
- René Cardona Pérez
- Randy Uribio Aquino
- Juan Ignacio Florido
- Otto Samayoa Soria
- Ismael Donis Álvarez
- Carlos Goyzueta Valladares
Entre los delitos por los cuales enfrentarán proceso están asociación ilícita, lavado de dinero, obstaculización de la acción penal, financiamiento electoral ilícito y cohecho activo.
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Medidas sustitutivas
Quienes recibieron medidas sustitutivas están bajo arraigo, además permanecerán en arresto domiciliario y deberán firmar cada semana el libro de asistencia en el Ministerio Público. Se trata de:
- Juan Tejada Argueta
- Álvaro Mayorga Girón
- José Agüero Urruela
- Griselda Álvarez Medina
- Rafael Díaz Samos
- Juan Sandoval Girón
- Rafael Díaz Fión
- Pedro Rocco Arrivillaga
- Jesús García Ibáñez
- Walter López Acevedo
- Carlos Micheo Fernández
- José Pérez de la Cruz
- Elder Vásquez Quevedo
- Raúl Alvarado Cuevas
- Roger Navas Coronado
- Julio de la Peña González
Los delitos que se les imputan son lavado de dinero y cohecho activo.
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Estructura de corrupción
A los 28 procesados se les vincula con una estructura delictiva dedicada a cometer actividades ilícitas en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Los hechos se habrían registrado durante la gestión de Alejandro Sinibaldi.
Investigaciones del MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron que esa organización utilizó la modalidad de simulación de servicios, ya que por medio de empresas “de cartón” se facturaban “sumas millonarias” de fondos que provenían de sobornos.
De acuerdo con las pesquisas, Sinibaldi exigía a los empresarios que le trasladaran diferentes sumas de dinero a cambio de pagarles deuda de arrastre y otorgarles contratos en la cartera que estaba a su cargo.
