El financiamiento electoral ilícito está tipificado como delito por el Código Procesal Penal. El presidente Jimmy Morales Cabrera enfrenta un proceso de antejuicio luego que la Fiscalía y la CICIG plantearan los primeros indicios de haber recibido aportes dudosos durante su campaña de 2015.
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¿Qué es el financiamiento electoral ilícito? ¿Cuál es la pena?
El artículo 15 del Código Procesal Penal detalla que “las personas individuales o jurídicas que reciban o autoricen recibir recursos destinados al financiamiento de organizaciones políticas o sus candidatos a sabiendas que los aportes o recursos provienen del crimen organizado, lavado de dinero o cualquier otra actividad calificada como delito también incurren en financiamiento electoral ilícito”.
La pena es prisión de entre cuatro y doce años inconmutables y una multa de doscientos a quinientos mil quetzales.
Se considera también financiamiento electoral ilícito “recibir contribuciones de forma anónima o que no sean registradas en el libro contable de la organización política”.
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Lo que sigue
La Ley en Materia de Antejuicio guía el procedimiento. El Juzgado de Paz recibió el antejuicio en contra del gobernante Morales. El caso pasa a la unidad de Gestión Penal como cualquier otro proceso. Ahí se realiza un sorteo para designar un juzgado.
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Debido a que el antejuicio es a una autoridad superior el juez designado deberá inhibirse y trasladar el proceso a Corte Suprema de Justicia en un plazo de tres días. Serán los magistrados quienes decidan si es viable y lo remitirán al Congreso.
Los diputados nombrarán una Comisión persquisidora por sorteo. Serán cinco diputados quienes indagarán el caso y pueden citar al gobernante.
Luego emitirán un informe y lo trasladarán al pleno. Bastarán 105 votos (dos terceras partes) para retirarle la inmunidad al gobernante Morales. Si no se logra la votación el caso quedará archivado.
