Puestos y salarios en entidades públicas deben regularse y reclasificarse, señalan expertos

Por Nancy Alvarez

Expertos detallaron que existe un “vacío legal” en cuanto al tema de servicio civil en el país y que ello permite que cualquier institución tenga sus propias reglas al respecto del pago de prestaciones laborales a los servidores públicos.

Claudia Villagrán, analista política y Carlos Bezares, abogado y analista, coincidieron en que hace falta una legislación adecuada y que la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) debe hacer una regulación y reclasificación de los puestos y salarios en las entidades públicas.

A criterio de Villagrán, existe desorden en términos laborales en el Estado, situación que tiene que ver con la falta de actualización y funcionamiento de la referida oficina.

“Es sorprendente que ni siquiera haya un inventario de los servidores públicos, eso habla muy mal de una oficina que debería tener un control total de quiénes trabajan para el Estado”, detalló la analista.

Las declaraciones de ambos se dieron durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, en donde también se abordó el caso del exalcalde de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro, quien habría recibido una indemnización laboral superior a los Q3 millones.

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En ese contexto, Bezares consideró que existe una brecha en cuanto a los salarios de los guatemaltecos y expuso que ese debería ser el tema de debate actualmente, y no solo discutir acerca de si los funcionarios electos para un determinado período deben o no recibir prestaciones laborales.

Detalló que hay funcionarios que reciben hasta Q100 mil mensuales, mientras que el salario mínimo es de Q2 mil 900.

“Hay servidores públicos que reciben indemnizaciones que sobrepasan todo el dinero que mirará aquel trabajador que tiene el salario mínimo”, dijo el abogado.

Además, resaltó que la canasta básica vital supera por mucho el salario mínimo, pues está valorada actualmente en Q8 mil.

Sobre el tema, Villagrán dijo que se ha visto a través del tiempo que hay funcionarios que “ganan muy bien”, son electos por un período de tiempo definido y a pesar de eso al terminar este solicitan sus prestaciones.

Caso de “Tono” Coro

Ayer fue allanada la sede de la municipalidad de Santa Catarina Pinula, según el Ministerio Público (MP) el operativo se realizó en seguimiento a una denuncia presentada contra el exalcalde de ese municipio, Antonio Coro, por la indemnización que recibió cuando se retiró del cargo.

Ante ello, Bezares explicó que tomando en cuenta que el exjefe edil laboraba en el renglón 011, “legalmente está en todo su derecho” de solicitar las prestaciones laborales que acumuló.

“Coro, al igual que todos los alcaldes, estaba en el referido renglón, tenía un estipendio de funcionario público que se pagaba mes a mes, bono 14 y aguinaldo, por lo tanto hay indemnización”, añadió.

Mientras que Villagrán explicó que según lo que conoce del caso, Coro renunció al cargo. En ese contexto señaló que si hay una renuncia no corresponde indemnización, a menos de que hubiera indemnización universal en la comuna. Dijo que cuando despiden a una persona es que se tiene ese derecho.

Aparentemente, Tono Coro recibió una indemnización a pesar de haber renunciado, indicó la analista.

También mencionó que el cobro o no de las prestaciones de parte de los funcionarios es “un tema más moral que legal”, y que en este último aspecto sí es permitido que las reciban.

“La Ley de Servicio Civil establece que todo aquel que entra en un renglón 011 tiene derecho a sus prestaciones. Es más un tema ético que de legalidad”, resaltó.

Mientras que Bezares coincidió en que “el debate es ético, tomando en cuenta que es un político que se postula, le solicita la confianza al electorado y después (al recibir prestaciones) le cobra al triple o cuádruple por el servicio prestado”.

De igual forma, Villagrán resaltó que el caso de Coro salió a la luz por la coyuntura en el país, pero aseguró que no dudaría que la mayoría de los alcaldes que ya han finalizado sus períodos en diferentes municipios del país hayan cobrado sus prestaciones en el pasado.

“No imagino a ningún funcionario que teniendo la posibilidad de cobrar en derecho no lo haga. Veo complicado que alguien no haya ido a reclamar sus prestaciones laborales después de un período de servicio”, aseveró la entrevistada.

Finalmente, ambos invitados coincidieron en que acerca de las prestaciones laborales en el caso de los funcionarios hay “demasiados vacíos legales”.

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