Este viernes, en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se realizó un análisis sobre los detalles revelados ayer en conferencia de prensa por las autoridades del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) con relación al asesinato de 14 personas en la cárcel Pavón.
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El hecho ocurrió el 18 de julio de 2016 y una de las víctimas fue el capitán retirado Byron Lima. Presuntamente, el crimen fue ordenado por Marvin Montiel Marín, alias “el Taquero”.
Como invitados en cabina participaron Francisco Jiménez, exministro de Gobernación e investigador asociado del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN); y Zoel Franco, del programa de Privación de Libertad y Punitivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales.
Los entrevistados coincidieron en que existen liderazgos de los propios internos en los centros de privación de libertad y que hace falta una reforma profunda para mejorar la situación en el Sistema Penitenciario (SP), así como colocar personal capacitado al frente de la institución y en las prisiones.
Acerca de la investigación
Jiménez detalló que un elemento importante del caso Granja Penal Pavón es que no hay un colaborador eficaz involucrado, sino que la hipótesis revelada ayer es resultado de una “investigación típica, como debe hacerse”.
En ese contexto, el exministro aseguró que una investigación debe basarse en prueba científica y que entre menos colaboradores eficaces tenga es mejor.
De igual forma, se refirió a que en este caso de Lima y “el Taquero” el punto fundamental es que se aplicaron términos de mantener el territorio, tal como lo hacen las estructuras del crimen organizado.
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Y, con relación a que las armas utilizadas en el operativo para eliminar a Lima no fueron encontradas, Jiménez detalló que eso es “prueba de la puesta en marcha de una instrucción del crimen organizado”.
Mientras tanto, Franco resaltó que “todo fue muy planificado y entra la duda de quiénes de afuera sabían, pues llama la atención cómo se logró ese ataque contra una estructura con ese poder”.
En cuanto a los informes en donde se advertía de los conflictos entre Lima y Montiel y el motivo por el cual no actuaron las autoridades del SP, pese a que también se mencionaba el riesgo para el excapitán, Franco dijo que “se debe indagar más, pues con solo el hecho de que el SP no haya reaccionado hay una omisión de parte del Estado”.
Por aparte, Franco calificó como “una olla de presión” la situación en Pavón, pues dijo que esta semana visitó esa cárcel y verificó que, aunque tiene capacidad para 930 personas, hay recluidas más de 3 mil.
Resaltan poder económico de “el Taquero”
Al ser consultados sobre cuál es la diferencia entre “el Taquero” y los otros privados de libertad que estaban recluidos junto a Byron Lima, Jiménez detalló que este tiene poder económico y que ello le permitió comprar voluntades en el Sistema Penitenciario, “algo que también había hecho Lima”.
Añadió que en este tema se aplicó la ley del beneficio, ya que las voluntades se orientaron en el que pagó más.
A criterio de Jiménez, “el Taquero es una expresión de la evolución del crimen organizado vinculado a la narcoactividad en Guatemala”.
“Antes era impensable que Lima fuera a ser atacado por la presión que ejercía sobre otros reos que también tenían poder, a quienes incluso empezó a extorsionar”, añadió Franco.
De igual forma, mencionó que no solo Byron Lima ha establecido esa serie de controles en las prisiones, pues se han dado otros casos.
El poder de Byron Lima
“El gran error del gobierno anterior fue pensar que el control del Sistema Penitenciario iba a ser más eficiente dándoselo a una sola persona, y se lo dieron a Byron Lima”, resaltó el exministro de Gobernación.
Añadió que la estructura de Lima se caracterizaba por utilizar violencia verbal y física para alcanzar sus objetivos.
En tanto, Franco resaltó que el de Lima es un caso “muy paradigmático” que habría que estudiarse en cuanto a la relaciones que tenía dentro de la prisión y su relación con funcionarios.
De igual forma mencionó que al excapitán “lo debilitó el hecho de que empezaron a capturar a personas que lo habían respaldado, como el expresidente Otto Pérez Molina y el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla”.
A criterio de Franco, dentro del Sistema Penitenciario se replica lo que sucede afuera en la sociedad. Y se reflejan las acciones que pueden llevar a cabo quienes tiene poder a través de la violencia, como Byron Lima, o poder económico, como “el Taquero”.
La hipótesis va enfocada en que se trató de una reacción frente al sistema de represión que planteó Lima en Pavón, lo cual también ha sido expresado por varios privados de libertad, añadió el experto.
“Lima cometía vejámenes contra las personas y especialmente contra las visitas de sus enemigos, eso son actos de tortura. Se le otorgó poder sin control”, dijo el experto del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales.
Añadió que se debe establecer si hay una alianza entre el Estado y el crimen organizado “para haber ejecutado a Byron Lima”.
“Le dieron el poder a Lima prácticamente en todo el Sistema Penitenciario, y en cierta medida hasta decidía quién iba a ser el director de esa institución”, aseguró Franco.
"Compra de voluntades"
A criterio de Franco, “El SP se ha convertido en un mercado criminal, el que tiene más plata también puede comprar voluntades”.
Explicó que en otros centros carcelarios el poder no recae en una sola persona, sino que por ejemplo en Zacapa, se puede ver a dos narcotraficantes en una prisión y que el poder se distribuye entre ambos.
Sin embargo, el experto advirtió que en un momento dado alguno puede tocar los intereses del otro y darse conflictos, tal como ocurrió en el caso de Lima y “el Taquero”.
También dijo que esta situación no se puede resolver en un solo período de Gobierno, y lo que sí se puede hacer es empezar a formar una “estructura de administración muy potente” en el Sistema Penitenciario.
Franco resaltó que el SP no garantiza la seguridad de las personas de adentro ni tampoco de las de afuera, pues se ha comprobado que gran número de casos de extorsión provienen del interior de las cárceles.
“Se debe invertir en centros de privación de libertad y establecer un modelo.”, finalizó.
