La Secretaría de Bienestar Social (SBS) es la receptora de los niños y adolescentes que “realmente ya nadie quiere”, aseguró este martes la titular de esa dependencia, Cándida Rabanales, aunque indicó que decirlo de esa forma “suena muy feo”.
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Las declaraciones de la funcionaria se dieron durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, en el cual se analizó el tema de “cómo desactivar la bomba de tiempo” de las correccionales.
La referida Secretaría tiene a su cargo los centros para menores en conflicto con la ley penal y también los que resguardan a adolescentes víctimas de maltrato y diferentes delitos.
Sin terminar la primaria y sin figuras paternas
Durante julio se registraron dos motines en el centro correccional Las Gaviotas, los cuales dejaron tres internos fallecidos y varios heridos, así como daños en la infraestructura del lugar.
Andrea Barrios, del Colectivo Artesana, resaltó la importancia de conocer quiénes son los adolescentes en conflicto con la ley penal y no solo criminalizarlos y estigmatizarlos, pues la mayoría han vivido en condiciones precarias de afecto, atención y apoyo de parte de la sociedad.
Dio a conocer que esa organización dialogó con los internos de Las Gaviotas y logró determinar que muchos de ellos no tuvieron una figura paterna.
“La mayoría no tiene papá porque no lo conoce, porque no se relaciona con él o porque está muerto”, explicó.
Detalló que los jóvenes han llegado en su mayoría a tercero primaria de educación y que provienen de lugares “de exclusión social, mal llamados zonas rojas”.
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Añadió que antes de ingresar al centro correccional algunos vivían con una tía, una abuela, una hermana u otro familiar. Pero también muchos de ellos vivían dentro de estructuras de pandillas.
“Cuando se les pregunta dónde vivían mencionan a sus homies y sus compañeros de pandillas”, indicó Barrios.
“Ellos son el reflejo de lo que como sociedad hemos trabajado y desarrollado. Son la segunda generación de pandillas y por eso muchos tienen a sus papás muertos, porque eran pandilleros”, aseguró Barrios.
De igual forma, dio a conocer que hay 85 hijos de 75 hombres adolescentes que están en privación de libertad, y un promedio de 35 a 40 hijos de mujeres menores internas en correccionales.
Añadió que los pequeños no tienen ninguna relación con sus padres porque en los centros para menores no se permite el ingreso de niños.
Por su parte, Marvin Rabanales, abogado y consultor en Derechos Humanos y experto en temas de niñez y adolescencia, reveló que gran parte de los internos de correccionales provienen de hogares desintegrados y están en esos centros por haber cometido delitos patrimoniales.
Asimismo, indicó que la mayoría son originarios de los departamentos de Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango y Alta Verapaz.
El 80% fueron víctimas
En tanto, Amalia Mazariegos, coordinadora de la Niñez y Adolescencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mencionó que por medio de un estudio hecho por el Organismo Judicial se estableció que el 80% de los adolescentes que están en detención preventiva fueron “niños y niñas víctimas de un hecho delictivo o malos tratos”.
Mientras que, Leonel Dubón, director de la organización Refugio de la Niñez, dio a conocer que se tienen registros que el año pasado 18 mil 900 niños y adolescentes migraron hacia otros países.
Además, en 2016 se registraron 7 mil violaciones de niñas y se recibieron 14 mil denuncias por maltrato infantil. De igual forma, 6 mil niñas desaparecieron, de acuerdo con datos del sistema Alba-Keneth, añadió.
Sin embargo, Carlos Zúñiga Fumagali, empresario e impulsor de un programa de reinserción laboral de jóvenes, consideró que se debe diferenciar a la juventud que ha sido “víctima de una sociedad irresponsable y de un Estado que no ha cumplido con sus funciones”, y los jóvenes que son coparticipes del crimen organizado por temas de negocios.
Asignar espacios, según perfiles
El abogado Rabanales resaltó la necesidad de separar a los internos de los correccionales de acuerdo a sus perfiles.
Dijo que se debe hacer grupos de adolescentes comprendidos entre 13 y 15 años de edad; de 15 a 17 años; y colocar en áreas distintas a los que cometen delitos graves.
De igual forma, detalló que los adultos que cometieron algún delito siendo menores de edad deben continuar a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, porque no pueden ser tratados como adultos que cometen delitos, aunque sí deben estar en espacios separados de los menores.
