La problemática que se registra en los centros correccionales se abordó hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
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Empresarios, exfuncionarios, miembros de la sociedad civil y representantes de los tres Organismos del Estado dialogaron sobre el tema y expresaron sus propuestas para “desactivar la bomba de tiempo” con relación a los menores en conflicto con la ley penal.
Cabe resaltar que en el mes de julio se amotinaron en dos ocasiones los internos de Las Gaviotas, también hubo disturbios en Etapa II y algunos menores se fugaron del Hogar ubicado en la zona 15.
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Estado de Calamidad, ventanilla única y creación de instituto de la niñez
Cándida Rabanales, titular de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), entidad que tiene a su cargo los correccionales, detalló que es necesario aplicar medidas inmediatas para atender la situación.
La titular de la SBS afirmó que ya se trabaja en programas cuyas líneas estratégicas generales son la prevención, la no institucionalización y la desinstitucionalización de los menores, así como que existan alternativas a la privación de libertad.
“Un modelo de atención es fundamental para darle la oportunidad a los adolescentes de que haya una reinserción y resocialización verdadera”, aseguró Cándida Rabanales.
También mencionó que hace falta infraestructura y poder aplicar modelos de atención no solo para la reinserción de los jóvenes, sino para encaminarlos al emprendedurismo.
Por ello solicitó al Congreso de la República aprobar un estado de Calamidad por la Niñez o alguna ley especial para poder ejecutar los fondos con los que se cuenta, pues aseguró que hay presupuesto pero la Ley de Compras y Contrataciones ha dificultado la ejecución.
En tanto, Oscar Chinchilla, presidente del Organismo Legislativo, indicó que la iniciativa 5285, que dispone aprobar la ley del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, podría ser dictaminada en los próximos 10 días por parte de las comisiones correspondientes en el Congreso.
Añadió que esta incluye suprimir la SBS y la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, así como crear un Instituto de Protección Especial para la niñez y adolescencia en el cual recaerían las funciones de las dos primeras entidades.
Por aparte, el contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, indicó que la SBS depende de la Secretaría General de la Presidencia, por lo cual se debe buscar que la institución tenga independencia.
“La Secretaría de Bienestar Social no es unidad ejecutora, depende de la Secretaría General para que le deleguen, eso es sumamente tortuoso y complicado. Habría que buscar la forma de darle autonomía a la Secretaría para poder acelerar los procesos”, dijo Mencos.
Marvin Rabanales, abogado, consultor en derechos humanos y experto en temas de niñez y adolescencia, coincidió en que la SBS necesita tener autonomía financiera para ser célere en los procesos.
De igual forma, Mencos ofreció a la SBS darle todo el acompañamiento que sea necesario y crear una comisión interinstitucional para “darle seguimiento a todos los temas que hagan falta”.
Asimismo, propuso crear una Ventanilla Única, la cual afirmó podría estar funcionando a partir de mañana si se cuenta con voluntad de parte del Ejecutivo, según dijo.
Aprobar normas temporales para que SBS ejecute fondos
Ilse Álvarez, criminóloga y exviceministra de Gobernación, planteó la necesidad de que se aprueben en el Congreso normas temporales de excepción para poder actuar.
También dijo que de forma inmediata, la SBS debería acudir a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) para solicitar que se le otorgue infraestructura para atender a los menores a su cargo.
Acerca de ello, Rabanales expuso que ya hizo las gestiones necesarias en la Senabed y “espera muy pronto tener un inmueble”.
Añadió que la respuesta podría darse esta semana, aunque dijo que vecinos podrían no aceptar que se instale la población que está a cargo de Bienestar Social, tomando en cuenta que esas propiedades que administra la Senabed están en áreas“muy exclusivas”.
En otro tema, la exviceministra manifestó que si se está contemplando crear un ente autónomo que compile todas las instituciones de niñez, no solo se debe incluir a la SBS y a la Procuraduría de Niñez y Adolescencia, sino también al Consejo Nacional de Adopciones.
Por aparte, María Eugenia Morales, magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) explicó que en ese Organismo son las Cámaras Civil y Penal las que conocen temas relacionados con la niñez y adolescencia.
Agregó que la CSJ ha implementado un nuevo modelo para jueces y juezas, enfocado en la desinstitucionalización de los menores, tomando en cuenta que ellos tienen un “derecho privilegiado a su familia”.
En tanto, Amalia Mazariegos, coordinadora de la Niñez y Adolescencia de la CSJ mencionó que debe reforzarse el tema de la prevención, pues si hay deficiencias en este aspecto se va a “permitir que el crimen organizado pueda hacer uso y abuso e instrumentalizar a los adolescentes”.
Asimismo, expresó que por medio de un estudio hecho por el Organismo judicial se estableció que el 80% de los adolescentes que están en detención preventiva fueron “niños y niñas víctimas de un hecho delictivo o malos tratos”.
Mazariegos añadió que se podría incluir un artículo transitorio en la iniciativa de ley que está en discusión para que la Secretaría de Bienestar Social pueda gozar de autonomía e independencia.
Y propuso además establecer una mesa técnica que permita que todos los sectores apoyen en la redacción del artículo y le den seguimiento a esta temática.
Separar a la población de correccionales según su perfil
Para Leonel Dubón, director de la organización Refugio de la Niñez, la iniciativa 5285 debe ser aprobada de urgencia nacional en el Congreso para crear un ente autónomo de protección a la niñez que garantice los derechos de esa población.
Esto tomando en cuenta que la SBS necesita poder utilizar el presupuesto para mobiliario y equipo e infraestructura.
Por su parte, Carolina Escobar Sarti, directora de la Asociación La Alianza, expresó que el tema de la niñez es “medular para la construcción de país” y dijo que la situación actual puede considerarse como un “terremoto de 10 grados”.
La entrevistada se refirió al riesgo que existe de legalizar “anomalías y corrupciones” si se decreta un estado de Calamidad, pues dijo que se podría comprar y contratar sin control alguno.
Sobre esto, Mencos manifestó que un estado de emergencia o calamidad podría “ser vigilable” y que para ello el Ministerio de Finanzas tendría que crear un mapa donde se indique en qué programas se van a ejecutar los fondos.
El abogado Rabanales aseguró que es necesario separar a la población de los centros correccionales. Hacer grupos de quienes tengan entre 13 y 15 años, entre 15 y 17 años, separar a quienes cometieron delitos graves y asignar un espacio a los adultos que cometieron delitos siendo menores.
Sobre el último tema, dijo que estas personas no pueden ser tratadas como adultos, sino permanecer a cargo de la SBS, pero en áreas diferentes a las ocupadas por quienes son menores de edad.
Mientras que Andrea Barrios, coordinadora del Colectivo Artesana, resaltó la importancia de definir quiénes son los adolescentes en conflicto con la ley, pues detalló que la mayoría de ellos sufrieron la ausencia de una figura paterna.
También explicó que al entrevistar a jóvenes de Las Gaviotas se constató que han llegado en su mayoría a tercero primaria en educación, provienen de “zonas rojas” e incluso alguos ya vivían en estructuras de pandillas antes de ingresar al correccional, en lugar de estar con su familia.
Sector privado se enfoca en el largo plazo
Para Antonio Malouf, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), es importante dar una respuesta inmediata a la problemática, pero también enfocarse en el largo plazo.
Detalló que a corto plazo ya se tiene la propuesta de Cándida Rabanales sobre legislar para poder ejecutar fondos; y de mediano plazo está el tema de la iniciativa 5285 que se discute en el Congreso.
Pero, con relación al largo plazo expresó que “el problema de hoy se puede resolver, pero debemos evitar los problemas futuros”.
Para ello planteó la creación de empleos y reforzar la educación y los valores desde la familia y la sociedad. También profesionalizar al personal que está a cargo de los correccionales y en general de las cárceles del país de parte del Sistema Penitenciario.
Asimismo, señaló la importancia de que existan alianzas publico-privadas para conseguir infraestructura.
Carlos Zúñiga Fumagali, empresario e impulsor de un programa de reinserción laboral de jóvenes, consideró que al tomar medidas a corto y mediano plazo solo se está “atendiendo el síntoma y no la causa”.
A su criterio, se debe atender la falta de valores y principios y revisar el pensum de educación.
Otro aspecto que consideró importante, es diferenciar a la juventud que es víctima de una “sociedad irresponsable y de un Estado que no ha cumplido con sus funciones”, de los jóvenes que están involucrados en el crimen organizado “por negocios”.