Los señalados del caso “Negociantes de la salud” sabrán sin irán a un juicio

El empresario Gustavo Alejos es uno de los señalados de un fraude por la venta de medicinas.

Por Kenneth Monzón

La jueza Silvia de León explicará su decisión de la audiencia intermedia en contra de 18 sindicados del caso “Negociantes de la salud”, un fraude por la venta de medicamentos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). El empresario Gustavo Alejos es uno de los señalados aunque ninguno está en prisión.

La semana pasada la audiencia se suspendió en la “megasala” del Organismo Judicial (OJ). Al principio hizo falta que la Fiscalía acreditara la muerte por un infarto del doctor y psicólogo Carlos Enrique Palma Carranza, extitular del hospital Juan José Arévalo, en la zona 6. Después, sus abogados entregaron el certificado de defunción y la defensa de Alejos renunció al plazo de tres días que tiene la jueza para decidir si enfrentará un debate.

El 17 de julio de 2017 a las 15 horas fijó la jueza De León para que comparezcan los señalados. Analizará la acusación que hizo el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Luto en audiencia Negociantes de la salud Kenneth Monzón

Esperan resolución:

Operadores principales
Como parte de la estructura delictiva se identificaron a tres operadores, que a la vez eran proveedores:

  1. Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (operador y proveedor): asociación ilícita y tráfico de influencias y cohecho activo.
  2. Alejandro Enrique Toledo Paz (operador y proveedor): asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias.
  3. Juan Pablo Muralles Morán (operador y proveedor): asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias.

Otros señalados

  1. Hugo René Navas Bonilla (Director de la Policlínica del IGSS): asociación ilícita y cohecho pasivo.
  2. César Estuardo Hernández Monroy (médico de la Unidad de Oncología del IGSS): asociación ilícita y cohecho pasivo.
  3. Roberto Francisco Estrada Morales (Director del Hospital de Enfermedades Generales del IGSS): asociación ilícita y cohecho pasivo.
  4. Marcelo Noguera Sagastume (Jefe de Unidad Financiera Hospital Juan José Arévalo del IGSS): asociación ilícita y cohecho pasivo.
  5. Carlos Rodolfo Salvatierra Soto (Director Unidad Periférica del IGSS): asociación ilícita y cohecho pasivo.
  6. José Rafael Arriaga Fuentes (proveedor): asociación ilícita, cohecho activo.
  7. José Rodolfo Barrientos Montepeque (proveedor): asociación ilícita y tráfico de influencias.
  8. Mateo Estuardo Ramazzini Menéndez (proveedor): asociación ilícita y tráfico de influencias.
  9. Óscar Armando García Muñoz, gerente del Seguro Social. cohecho pasivo y asociación Ilícita.
  10. Juan Carlos Umaña Velásquez, exdirector del Hospital de Ginecoobstetricia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, asociación ilícita
  11. Erick Noé Estrada García, médico, asociación ilícita y cohecho pasivo
  12. Byron Humberto Arana González, subgerente de Prestaciones, por asociación ilícita y cohecho pasivo
  13. Wálter Omar Linares Pacheco, director de la Consulta Externa, por asociación ilícita y cohecho pasivo.
  14. Patricia Lizethe Juárez Fernández, la jefa de farmacia, por asociación ilícita y cohecho pasivo de forma continuada.
  15. Gustavo Adolfo Castillo Rojas (médico Unidad de Infectología del IGSS): asociación ilícita y cohecho pasivo.

El caso

La estructura que explicaba que “la salud es un negocio” fue desarticulada el 27 de octubre de 2016 con la detención de 11 personas. El fin era favorecer a determinados proveedores de medicamentos a cambio de “comisiones”.

Las investigaciones establecieron que los operadores acuden a los proveedores para procurar la venta de su producto o servicio al IGSS; luego los operadores se dirigen a los funcionarios periféricos para “mover códigos”, que significa incentivar o promover el consumo de ese producto o servicio en las distintas unidades.

Los operadores también acuden a los funcionarios centrales para incidir en la manipulación de los procesos de adquisición de dicho producto o servicio, mientras que otros proveedores recurren directamente a los funcionarios centrales.

La actividad irregular de los operadores para incidir en los procesos de adquisición en el IGSS se lleva a cabo a cambio de “comisiones” porcentuales pagadas por el proveedor y que son compartidas por los funcionarios centrales y periféricos.

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