La demanda del sector privado es por la suspensión de operaciones la Corte Suprema de Justicia y por la Corte de Constitucionalidad a algunas hidroeléctricas y mineras, lo cual según los empresarios ha tenido impacto en la economía.
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El organismo Ejecutivo debe asegurar la libre locomoción, el Legislativo emitiendo normativas de acuerdo con la Carta Magna y el Judicial resolviendo de conformidad a derecho entre otras obligaciones asuman las responsabilidades para el desempeño de la economía nacional”, resaltó Antonio Malouf, presidente del Cacif.
También el representante del sector privado solicitó que se adopten las medidas legales, administrativas y judiciales que garanticen la libertad de industria, comercio y trabajo para los ciudadanos.
Los empresarios señalan que los fallos a las mineras San Rafael y Marlin como otras hidroeléctricas repercuten en la generación de empleo y atracción de inversiones, ya que bloqueos en carreteras de algunos departamentos afectan que los empresarios movilicen materiales para realizar sus construcciones.
El impacto se mide que algunas empresas que no han hecho ciertas solicitudes en entidades bancarias para invertir en el país por falta de certeza jurídica. Hay mucha necesidad de trabajo y un empleo que se pierda es básico, pero no hay empleo nuevo lo cual son dos problemas en la falta de inversión”, resaltó Malouf.
Por último, el Cacif urge al gobierno la regulación del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo relacionado con las consultas populares.
